La realidad supera a la ficción. Parecía la escena de un videojuego, donde con agilidad de felinos unos 20 hombres, cargando metralletas, disparaban contra indefensos pescadores, pero no era un juego sino una escena de la vida real, captada por las cámaras de seguridad del Puerto Pesquero Artesanal de Esmeraldas. En cuestión de minutos nueve personas murieron. Un día después se apresó a uno de los cabecillas alias “Coco”, un joven que no parece superar los 20 años. Es imposible ser indiferentes ante las escenas de actos atroces, que dejan en evidencia que grupos criminales han aprovechado la poca institucionalidad del país para repartirse el territorio y que para ese reparto contribuyen algunos jueces, algunos políticos, algunos policías y algunos militares. Sin embargo, en este rompecabezas perverso falta una pieza vital: en los delitos los criminales son gente muy joven, que sirve de carne de cañón para los grandes capos de la droga y otros crímenes, aprovechando además que las leyes no juzgan a los menores de 18 años con severidad por sus crímenes. Los que sobrepasan la mayoría, y que no superan los 24 años, constituyen el 40 por ciento de los 36 mil presos en las cárceles del país y ellos apenas tienen educación primaria.
Según una investigación de Vistazo, en el país hoy existen 500 mil jóvenes entre 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan. Para ellos, el horizonte de vida son las calles y en las calles pululan la droga, la violencia, el crimen. De los 500 mil, 97 mil están en Guayaquil y 63 mil en Quito. Esto explica también el porqué de las muertes violentas en Guayaquil son más numerosas. No hay cifras confiables en Esmeraldas, provincia que además tiene la desventaja de ser fronteriza y por tanto fácilmente penetrable para fuerzas irregulares colombianas que operan a pocos kilómetros de distancia y con un amplio mar para llegar y para poder escapar. Sus condiciones empeoraron, paradójicamente, con la firma de los acuerdos de paz en Colombia, lo que motivó a los grupos disidentes y los que no firmaron la paz a expandirse con mayor fuerza a nuestro país. La escalada de violencia no se detendrá mientras no se ofrezcan otras alternativas para esa inmensa población de jóvenes, sin horizontes de esperanza y paz, pero a la vez se requiere un cambio legal para que aquellos jóvenes que cometan delitos execrables sean juzgados con severidad: ir a centros de reeducación hasta que cumplan los 18 años y de ahí cumplir una condena como adultos. Tal vez entonces, los carteles dejen de utilizarlos y venderles la idea de que no hay consecuencias por los delitos cometidos. Mientras hay impunidad, nada cambia.
