La crisis carcelaria

jueves, 4 julio 2019 - 12:31
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    El sistema penitenciario está en emergencia. Es una bomba de tiempo, cuya mecha debe desactivarse o de lo contrario estallará con consecuencias impredecibles. Desde comienzos de año hasta la fecha, 19 presos han sido asesinados en las cárceles. Los videos que han circulado en las redes sociales superan a las escenas de una película macabra, incluso se jugó con la cabeza en llamas de una de las víctimas. Las autoridades argumentan que los eventos obedecen a la lucha entre bandas por controlar las prisiones. Trafican al interior de las cárceles droga y se dedican a extorsionar a los familiares de los reos.
     
    El hacinamiento y la gran dimensión de las prisiones facilitan la acción de los malandros. Según declaró a la Comisión Legislativa, el viceministro del Interior Patricio Pazmiño, un total de 11.452 presos excede la capacidad de los penales, lo que significa un 42 por ciento de hacinamiento. No resulta tampoco extraño, que la violencia  se concentre en los penales más  grandes: la Penitenciaría del Litoral, la cárcel de Latacunga y  la de Turi en Cuenca, los tres  centros construidos en la administración pasada como “modelos” para rehabilitar a los presos. Hay un déficit de cuidadores  en dichos centros. En los países  desarrollados, las prisiones de  máxima seguridad mantienen  un guardia por cada cuatro detenidos. En Ecuador, el número  es de 27 prisioneros por guardia.  Está en trámite un concurso para  contratar 500 guías adicionales.  Ojalá la selección sea la adecuada,  pero aun con esa incorporación  el sistema alcanzará una proporción de 20 presos por guardia.
     
    Este desbalance facilita el ingreso de artículos prohibidos. Según el mismo Viceministro en una  requisa reciente se decomisaron  1.552 teléfonos, 29.598 gramos  de droga, 16 armas, 2.538 litros  de licor, 5.960 armas blancas, 440  artefactos electrónicos y 15.436  dólares en efectivo. En otras palabras, es fácil introducir artículos  prohibidos, lo que facilita a los  presos más avezados continuar  delinquiendo desde las cárceles.
     
    Resolver el hacinamiento, mejorar el control y desarticular a las  bandas es una tarea muy compleja,  que no solo depende del Gobierno,  sino de otros poderes. Los expertos consideran que se ha abusado  de la prisión preventiva y los plazos judiciales para liberar o condenar a los presos no se cumplen.  Esta responsabilidad le corresponde al Poder Judicial. El Gobierno  en cambio debe formar cuerpos  de vigilancia profesionales para las  prisiones y dejar de recurrir a los  militares y policías cada vez que  exista una emergencia.
     
    No obstante, una acción que  puede tomarse de inmediato y  solo exige voluntad política es  inhibir la señal de celulares en las  cárceles, como ha ocurrido en El  Salvador donde la peligrosidad  de los reos es mayor que en Ecuador. Sin comunicación a la mano,  será más difícil la acción de los  presos más peligrosos. 

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