El sistema penitenciario está en emergencia. Es una bomba de tiempo, cuya mecha debe desactivarse o de lo contrario estallará con consecuencias impredecibles. Desde comienzos de año hasta la fecha, 19 presos han sido asesinados en las cárceles. Los videos que han circulado en las redes sociales superan a las escenas de una película macabra, incluso se jugó con la cabeza en llamas de una de las víctimas. Las autoridades argumentan que los eventos obedecen a la lucha entre bandas por controlar las prisiones. Trafican al interior de las cárceles droga y se dedican a extorsionar a los familiares de los reos.
El hacinamiento y la gran dimensión de las prisiones facilitan la acción de los malandros. Según declaró a la Comisión Legislativa, el viceministro del Interior Patricio Pazmiño, un total de 11.452 presos excede la capacidad de los penales, lo que significa un 42 por ciento de hacinamiento. No resulta tampoco extraño, que la violencia se concentre en los penales más grandes: la Penitenciaría del Litoral, la cárcel de Latacunga y la de Turi en Cuenca, los tres centros construidos en la administración pasada como “modelos” para rehabilitar a los presos. Hay un déficit de cuidadores en dichos centros. En los países desarrollados, las prisiones de máxima seguridad mantienen un guardia por cada cuatro detenidos. En Ecuador, el número es de 27 prisioneros por guardia. Está en trámite un concurso para contratar 500 guías adicionales. Ojalá la selección sea la adecuada, pero aun con esa incorporación el sistema alcanzará una proporción de 20 presos por guardia.
Este desbalance facilita el ingreso de artículos prohibidos. Según el mismo Viceministro en una requisa reciente se decomisaron 1.552 teléfonos, 29.598 gramos de droga, 16 armas, 2.538 litros de licor, 5.960 armas blancas, 440 artefactos electrónicos y 15.436 dólares en efectivo. En otras palabras, es fácil introducir artículos prohibidos, lo que facilita a los presos más avezados continuar delinquiendo desde las cárceles.
Resolver el hacinamiento, mejorar el control y desarticular a las bandas es una tarea muy compleja, que no solo depende del Gobierno, sino de otros poderes. Los expertos consideran que se ha abusado de la prisión preventiva y los plazos judiciales para liberar o condenar a los presos no se cumplen. Esta responsabilidad le corresponde al Poder Judicial. El Gobierno en cambio debe formar cuerpos de vigilancia profesionales para las prisiones y dejar de recurrir a los militares y policías cada vez que exista una emergencia.
No obstante, una acción que puede tomarse de inmediato y solo exige voluntad política es inhibir la señal de celulares en las cárceles, como ha ocurrido en El Salvador donde la peligrosidad de los reos es mayor que en Ecuador. Sin comunicación a la mano, será más difícil la acción de los presos más peligrosos.
