Dos proyectos sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social están en trámite en la Asamblea Nacional. El uno, promovido por la propia Asamblea, busca eliminar la atribución del Consejo de nombrar las autoridades de Control y regresar esa facultad a la misma Asamblea. El otro, iniciado por personas cercanas al expresidente del Consejo Transitorio Julio César Trujillo, busca eliminarlo. El colectivo que respalda esta propuesta logró 231.000 firmas, 100.000 más de las requeridas, para convocar a una consulta popular. Este proyecto propone que la Asamblea se vuelva bicameral y que su cámara alta sea la encargada de nombrar a las autoridades de control.
Ambos proyectos tienen una meta similar. No obstante, para el país resulta más conveniente el proyecto que elimina el Consejo de Participación y no aquel que solo le resta su atribución más importante: nombrar los funcionarios de control.
Por principio, la participación ciudadana no debería ser promovida por el Estado, ya que lo único que se logra es que este la controle, como ocurrió durante la administración de Rafael Correa. Por otro lado, las funciones del Consejo duplican funciones de otras instituciones del Estado: Investigar la corrupción le corresponde a la Fiscalía y vigilar el adecuado uso de los recursos estatales a la Contraloría. Para duplicar estas funciones, el Consejo de Participación emplea 297 personas y requiere de 9,5 millones de dólares cada año, lo que bien podría ser utilizado en otras áreas donde faltan recursos.
Tampoco es conveniente que la nominación de las autoridades de control ocurra como en el pasado, por parte de la Asamblea, que lastimosamente, por los trasfondos oscuros de la política, no siempre eligió a los candidatos más preparados sino a los que tenían los votos. El nombramiento a través de dos cámaras asegura por lo menos un filtro adicional. Además, según la propuesta se reducirá el número de asambleístas de 137 a 124: Treinta serían para el Senado y 94 para la cámara baja. Los miembros de las dos cámaras se elegirán por votación popular, eliminándose de esta manera el principal obstáculo que tuvieron las dos cámaras en el pasado, donde se nominaron a los senadores por los gremios que representaban, lo que no contribuía a la democracia.
Hay que estar vigilante de los dos procesos, para que el país logre finalmente desbancar el engendro que permitió que el gobierno anterior concentre poderes y permita la impunidad.
