En la recta final

jueves, 5 diciembre 2019 - 10:37
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    Dos proyectos sobre el  Consejo de Participación Ciudadana y  Control Social están  en trámite en la Asamblea Nacional. El uno, promovido por la  propia Asamblea, busca eliminar  la atribución del Consejo de nombrar las autoridades de Control y  regresar esa facultad a la misma  Asamblea. El otro, iniciado por  personas cercanas al expresidente del Consejo Transitorio Julio  César Trujillo, busca eliminarlo.  El colectivo que respalda esta  propuesta logró 231.000 firmas,  100.000 más de las requeridas,  para convocar a una consulta popular. Este proyecto propone que  la Asamblea se vuelva bicameral y  que su cámara alta sea la encargada de nombrar a las autoridades  de control.
     
    Ambos proyectos tienen una meta similar. No obstante, para el país resulta más conveniente el proyecto que elimina  el Consejo de Participación y no  aquel que solo le resta su atribución más importante: nombrar  los funcionarios de control.
     
    Por principio, la participación  ciudadana no debería ser promovida por el Estado, ya que lo  único que se logra es que este la  controle, como ocurrió durante  la administración de Rafael Correa. Por otro lado, las funciones  del Consejo duplican funciones  de otras instituciones del Estado: Investigar la corrupción le  corresponde a la Fiscalía y vigilar  el adecuado uso de los recursos  estatales a la Contraloría. Para  duplicar estas funciones, el Consejo de Participación emplea 297  personas y requiere de 9,5 millones de dólares cada año, lo que  bien podría ser utilizado en otras  áreas donde faltan recursos.
     
    Tampoco es conveniente que la  nominación de las autoridades de  control ocurra como en el pasado,  por parte de la Asamblea, que lastimosamente, por los trasfondos  oscuros de la política, no siempre  eligió a los candidatos más preparados sino a los que tenían los votos. El nombramiento a través de  dos cámaras asegura por lo menos  un filtro adicional. Además, según  la propuesta se reducirá el número de asambleístas de 137 a 124:  Treinta serían para el Senado y 94  para la cámara baja. Los miembros  de las dos cámaras se elegirán por  votación popular, eliminándose de  esta manera el principal obstáculo  que tuvieron las dos cámaras en el  pasado, donde se nominaron a los  senadores por los gremios que representaban, lo que no contribuía  a la democracia.
     
    Hay que estar vigilante de los  dos procesos, para que el país logre  finalmente desbancar el engendro  que permitió que el gobierno anterior concentre poderes y permita  la impunidad. 

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