Pese a la millonaria inversión que se ha hecho para “humanizar las cárceles”, como argumentaba la propaganda durante la administración de Rafael Correa: 300 millones en 2014 y 20 millones para la emergencia en el gobierno de Lenín Moreno, el sistema carcelario del país es deplorable. Hace 15 días, nueve presos fueron asesinados y dos policías resultaron heridos en la Penitenciaría del Litoral; y en un partido de fútbol en Latacunga, otros dos presos fueron asesinados en una riña. Durante la última semana, en cambio, dos testigos claves en un caso de corrupción fueron golpeados brutalmente: el uno murió y el otro quedó herido. Las cárceles están fuera de control. Han sido tomadas por bandas criminales, que desde la prisión continúan dirigiendo sus negocios turbios, extorsionando a los presos, ordenando asesinatos por encargo y corrompiendo a los encargados de administrarlas. En Portoviejo, el director de la prisión y nueve personas más están procesadas por haber liberado a delincuentes y en Latacunga, un juez procedió a dar la libertad al líder de una de las terribles bandas que operan las cárceles, quien estaba sentenciado por asesinato, pero solo había cumplido 40 por ciento de su pena.
Ecuador tiene 48 centros carcelarios que albergan alrededor de 40.000 reos. Esto significa un promedio de 255 presos por cien mil habitantes. Colombia tiene una tasa menor: 226 y Perú, 267. La violencia, sin embargo, ocurre por el hacinamiento. Hay más del 31 por ciento de hacinamiento en las cárceles ecuatorianas y peruanas, y 58 por ciento en las colombianas. El hacinamiento lleva a condiciones de vida lamentables y facilita que no exista control. La causa del hacinamiento en nuestras cárceles está vinculada a la desidia judicial: los jueces son proclives a abusar de la prisión preventiva. Según dijo a Vistazo en una entrevista la fiscal general Diana Salazar, el 50 por ciento de órdenes de prisión preventiva se dictan por delitos menores, que podrían resolverse con medidas alternativas, para así descongestionar las prisiones. La prisión preventiva debe imponerse en delitos graves que atenten contra la integridad de las personas como son la violación y el asesinato y en delitos de cuello blanco, cuando por su preeminencia los acusados, en libertad, pudieran afectar el curso de las investigaciones. Sin embargo, para estos delitos la prisión preventiva se da en un 20 por ciento. Como consecuencia, hay un alto número de encausados viviendo en el extranjero.
Otro de los factores que contribuye para el descalabro carcelario es la falta de personal para administrar las cárceles. Los estudios inter nacionales señalan que se requiere un guardia para vigilar entre cuatro y seis presos. Según esta norma, Ecuador tiene un déficit de 70 por ciento de personal. Además, no hay suficiente rigurosidad para la contratación y preparación de ese personal. El presidente ha decretado una nueva emergencia carcelaria. Ojalá que se cuente con asesoría internacional, para que se den los cambios profundos que requiere el sistema y evitar así que se descubra pocos meses después y millones adicionales en gasto, que no han cambiado las condiciones.
La transformación del sistema carcelario, la mejor aplicación de la prisión preventiva y la concesión de libertad condicional solo a aquellos que no hayan cometido delitos graves, son una urgencia impostergable, no solo por los derechos humanos de los prisioneros, sino por la seguridad general de la sociedad. El principal deber de un Estado es la seguridad ciudadana, que se sustenta en tres pilares: policía, justicia y sistema carcelario. Cuando falla cualquiera de los tres factores, la sociedad queda en indefensión.
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