Amenaza a la educación privada
EDITORIAL
Según lo aprobado por la Ley Humanitaria hasta fines de este año, las guarderías, escuelas primarias y secundarias no podrán suspender a sus estudiantes por falta de pago en sus pensiones y matrículas. Por inercia, la burocracia educativa que ha dominado el país desde 2007, da una nueva estocada a la educación privada. “Nadie en sano juicio podría exigir una rebaja y peor no pago por un servicio”, manifiesta en una columna un exministro de Educación.
Poner en riesgo a 1.400 establecimientos privados, que educan a un millón 200 mil estudiantes y emplean a 83 mil maestros y 20 mil administradores es un atentado que incidirá aun más en la calidad de la formación de los estudiantes ecuatorianos. Los planteles tienen, de hecho, un 60 por ciento de morosidad; esto les ha obligado a reducir sus plantillas. Hay 23 planteles en Guayaquil que han cerrado su operación. ¿Qué anima a esta decisión? En algunos casos, probablemente el cálculo político, pues en esta grave crisis que afecta a todos los ecuatorianos, la medida resulta popular para padres de familia.
Sin embargo, también debe considerarse que se esconde en este desacierto la visión estatista que considera que la educación debe ser pública. Desafortunadamente para esta visión, luego de 14.000 millones de inversión en la pasada década, los resultados en pruebas determinadas por organismos internacionales y locales ubican a la educación privada a gran distancia de la pública. En la eliminada prueba Ser Bachiller, desde 2016 los colegios públicos no estuvieron en los primeros lugares. Igual ocurrió en pruebas internacionales como la PISA, donde hay diferencias en algunas categorías de hasta 100 puntos entre escuelas públicas y privadas; esto significa más de un año escolar de distancia. Como casi todas las inversiones de la Revolución Ciudadana, la realizada en el sistema educativo público no fue la correcta. Según el Banco Interamericano de Desarrollo se priorizó la infraestructura y no lo que es básico: la preparación de los maestros. El 70 por ciento de los rectores y otros cargos administrativos fueron ocupados por personas que no cumplían con los requisitos, pero estaban afiliados a la RED de Maestros, un apéndice político del correísmo.
Por estos antecedentes, es importante que el presidente Moreno vete este artículo. Si se quiere cambiar la educación, no se necesita afectar a la educación privada, que sin ser óptima es de lejos mejor que la pública. Se necesita concentrar los esfuerzos en mejorar la educación pública, no con obras de relumbrón como las escuelas del Milenio -que de paso quedaron en un bajo lugar en las pruebas- sino con excelentes maestros, que formen ciudadanos para el primer mundo.
