Guayaquil fue conmovido cuando el 13 de enero un dirigente comunitario de la ciudadela Los Ceibos fue asesinado. Como el 10 por ciento de las personas ejecutadas por sicarios en el país, la muerte viajó en moto. Javier Rosero Quiroz, 52 años, fue ejecutado por dos sicarios, a las 11 de la mañana en la avenida del Bombero y la calle Primera. Los asesinos aprovecharon el semáforo y le dispararon a quemarropa, mientras su atónita esposa en el asiento contiguo presenció el crimen. Rosero era gerente general de GreenTech, una empresa dedicada al desarrollo de tecnologías orgánicas, que sirve a la agricultura y acuacultura y contaba con el aprecio de quienes lo eligieron dirigente comunitario por su defensa de la seguridad para su barrio y la vigencia de las ordenanzas municipales para mantener a la urbanización sin edificios. Las cámaras de seguridad, donde quedó registrado el crimen, permitieron a la Policía identificar en menos de 24 horas a quienes participaron en el delito. Resta por conocer quién ordenó el crimen. Su trágico fin revela una angustiosa realidad: las garras del crimen organizado expanden las áreas de control.
Según la Policía, el 85 por ciento de los4.539 asesinatos cometidos en 2022 estuvo relacionado con el narcotráfico. Se trató de disputas entre bandas criminales por control de territorio y en otros casos por probables ajustes de cuentas. Igualmente, se sostuvo que la mayoría de los muertos tenía antecedentes penales. Al igual que lo ocurrido en otros países donde el narcotráfico se ha tomado amplios territorios, en Ecuador quienes se vinculan al negocio son personas que se mueven en los extramuros de la sociedad, sin Dios ni Ley y sin interés ni empatía por los individuos que no pertenecen a la organización delictiva. Sin embargo, esta certeza puede generar una falsa tranquilidad en el resto de la sociedad, que entra en negación sobre la gravedad del problema. La realidad es que una vez que ocurre la violencia generalizada entre los narcos, el siguiente paso es un asalto contra quienes pueden ser un obstáculo para el criminal negocio: policías, fiscales, jueces, políticos y periodistas. Por último, para aumentar zozobra se escogen víctimas al azar.
De las muertes violentas del año pasado, apenas 308 fueron esclarecidas. Se determinaron autores materiales, pero casi nunca se llegó a los autores intelectuales. Esto facilita un negocio paralelo: eliminar personas por encargo, pues hay una baja probabilidad de ser juzgado y encarcelado. Para disuadir a quienes contratan asesinatos por encargo es imperativo llegar a los autores intelectuales de las muertes violentas como la de Javier Rosero y la de las 61 víctimas más en lo que va de enero. Además, resulta vital para la sociedad comprender que es ingenuo pensar que el narcotráfico es problema de los sectores marginales pues es un problema de todos, en el cual no puede considerarse alas 4.539 víctimas un número estadístico. La indiferencia es un arma en contra de la seguridad de todos, pues donde no se exige respuestas por las muertes, crecen la impunidad y el crimen.
