Patricia Estupiñán
viernes, 21 septiembre 2018 - 03:01
En Ecuador “Los jueces no son muy inteligentes. Tienen un nivel muy básico, no cuentan con conocimiento de los componentes de la ley… la inmoralidad del sistema judicial es parte de las reglas del juego”, escribe Steven Donziger, abogado norteamericano, en su agenda sobre el caso Chevron. Este nivel básico de los jueces y la dudosa moral del sistema judicial, que afirma Donziger le habrían permitido ensamblar un fraude procesal. Según la Corte de la Haya, el juez ecuatoriano no redactó la sentencia. Las cortes: Provincial, Nacional y Constitucional no vieron el elefante al frente de sus ojos: otro “Chucky 7”, igual al del diario El Universo, donde se cuestionó la autoría de la sentencia. Lo que los ecuatorianos hemos sospechado y conocido en algunos casos, hoy ha quedado para nuestra vergüenza en blanco y negro, en un fallo arbitral de la corte más importante del mundo, un estigma a la ética y a la reputación del país.
La agenda de Donziger forma parte de más de 500 documentos que examinó el Tribunal de la Haya para invalidar la sentencia que por 9.500 millones de dólares dictó el juez Nicolás Zambrano, en Lago Agrio, a cambio de un supuesto pago de medio millón de dólares. Un análisis forense del computador de Zambrano establece que hubo varios accesos electrónicos. De estos, llama la atención una copia textual de artículos del código americano traducida al español. Cuando el Tribunal de la Haya invitó al juez Zambrano para que explique cómo redactó la sentencia, se limitó a decir que le dictó por partes a su secretaria, tomándose descansos. “La sentencia contiene números, fórmulas, abreviaciones, secuencias numéricas, que no son posibles ser dictadas”, sostiene el laudo, como también resulta inverosímil el conocimiento del juez Zambrano del código anglosajón para aplicarlo en Ecuador.
Chevron denunció el fraude procesal en Estados Unidos y en Ecuador. Al ser comprobado en las cortes americanas, Donziger perdió su licencia de abogado. En Ecuador, en cambio, ni la corte Provincial, ni la Nacional, ni la Constitucional, ni el Consejo de la Judicatura investigaron el fraude. “Esto no fue por ignorancia. Estas cortes tuvieron suficiente información para juzgar el fraude”, en opinión de la Corte de la Haya. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Quién decidió “meter la mano en la justicia”? ¿Es por eso que el expresidente Correa se embarcó en la campaña publicitaria “La mano sucia de Chevron” que costó más de 10 millones de dólares?
Y cuando el telón ha caído los responsables del fraude afirman que el fallo de la Haya juzgó la contaminación en la Amazonía, diseminando mentiras que suenan a verdad continúan engañando. El fallo juzga la ausencia de un debido proceso judicial. ¡Y el proceso fue evidentemente corrupto! Ahora hay que reiniciar el caso para probar que sí hubo contaminación. ¿Quién va a responder por el daño moral a la reputación del país? ¿Quién va a responsabilizarse por el tiempo perdido y el sufrimiento de las comunidades amazónicas? ¿Quién va a ser responsable por los millones de dólares gastados en este proceso fraudulento? Y lo más importante, ¿cómo un ecuatoriano común puede tener garantía de un debido proceso, sin contar con los recursos de una multinacional? ¿Cuándo lograremos tener jueces competentes y éticos?
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