La educación superior en el Gobierno del encuentro
Hace pocos días, el presidente de la República, Guillermo Lasso, entregó personalmente a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior. En ella, dentro de los principales motivos planteados, se menciona que el modelo actual promueve un sistema centralista y burocrático, diseñado para fomentar ideologías políticas en el manejo de la educación de tercer nivel, reduciendo además su oferta académica y dejando a miles de jóvenes por fuera, especialmente grupos históricamente excluidos. ¿Es acaso la propuesta presentada la solución que permitirá que todos los ecuatorianos tengan la oportunidad de acceder a la educación universitaria?
Para reflexionar acerca de esta pregunta, es necesario sopesar las reformas planteadas en el proyecto de ley. Uno de los cambios medulares presentados es la conformación de un nuevo Consejo de Educación Superior (CES), en el cual se cambiaría desde el método de elección hasta su gobernanza y número de miembros. Desde el Ejecutivo, por ejemplo, se pasaría de 4 a 5 representantes, incluyendo al presidente del país, quien tendría voto dirimente. Por otra parte, en lugar de los 6 miembros del CES, elegidos por concursos de méritos y oposición, se tendría a nueve académicos (4 de universidades públicas, 3 de privadas, 1 de institutos de posgrado y 1 de institutos particulares), quienes serían escogidos por colegios electorales. Cabe mencionar que dentro de las responsabilidades del nuevo Consejo estaría la generación de un nuevo proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior.
Con el nuevo diseño del CES, en lugar de evitar los procesos de centralización ideológica, se podría generar una mayor influencia política del gobierno de turno sobre la educación superior. Si, por un lado, por ejemplo, un presidente busca imponer una ideología de libre mercado en la educación de tercer nivel, contaría con sus 5 votos, más otros 4 de las universidades e institutos privados, obteniendo mayoría. En el otro lado de la moneda, si un gobierno intentase imponer un proyecto de mayor educación con financiamiento estatal, podría contar con sus 5 votos, sumados a los 4 de las universidades públicas. En resumen, la educación superior podría estar aún más sujeta a los vaivenes políticos, en lugar de que sus decisiones se tomen considerando las necesidades reales que enfrenta el país.
Llama la atención además que el proyecto en cuestión no contempla propuestas sobre evitar disminuciones al presupuesto universitario, el cual ha venido siendo reducido en los últimos años. De esos fondos depende el incremento del número de cupos para quienes no disponen de dinero que les permita costear una educación privada. En lugar de esto, se propone que los costos de parte del sistema de nivelación de ingreso a las universidades dejen de ser gratuitos y, en consecuencia, sean cobrados a los aspirantes. Así entonces, la propuesta podría terminar marchando en la dirección contraria al libre acceso planteado y expuesto en campaña.
Pero lo que termina poniendo los pelos de punta a muchos, es que, contrario a la idea de libre acceso para los que menos tienen, el reciente pronunciamiento de 8 universidades del país señala con indignación que el actual CES ha eliminado del presupuesto USD 12 millones, que estaban destinados para becas de estudiantes de escasos recursos, haciendo que miles de jóvenes puedan perder su oportunidad de estudiar.
Así entonces, hasta el momento, la educación superior en el Gobierno del encuentro puede terminar siendo menos inclusiva y con mayor influencia de los políticos de turno, existiendo en un constante vaivén que no le permita avanzar a futuro. Estará en manos del Ejecutivo y la Asamblea Nacional debatir sobre este importante tema para el país y evitar que esto suceda.
