Una segunda depuración para el CNE
Carlos Rojas Araujo jueves, 5 diciembre 2019 - 10:51
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Para que las elecciones de 2021 sean confiables caben tres ingredientes fundamentales. Impulsar un marco legal renovado que garantice pluralidad y equilibrio en el reparto del poder; que el Consejo Nacional Electoral se depure técnica y políticamente; y que los partidos y movimientos adopten códigos éticos en la selección de cuadros, financiación de campañas y articulación de sus discursos.
Lo más probable es que pocas de estas aspiraciones se cumplan. La transición por la que apostó Ecuador hace aguas en varios flancos, entre ellos lo electoral.
Dejando de lado el tercer argumento (la utópica sensibilización partidista), lo urgente es advertir la indiferencia nacional ante las reformas al Código de la Democracia, que se supone son indispensables. De lo que se compiló en el informe para segundo debate queda claro que el correísmo, el PSC y una facción de CREO no pusieron interés por eliminar la distritalización de las provincias grandes impidiendo que las minorías se adjudiquen, al menos, unos seis escaños en Guayas, Pichincha y Manabí.
Puede ser una señal positiva que los ciudadanos, en adelante, voten en listas cerradas, por una sola organización política, para reducir la dispersión ideológica de un sistema electoral tan manipulado que escoge a sus autoridades con un método de asignación de escaños declarado inconstitucional en 2004 y que solo un milagro podría proscribirlo.
Las reformas tendientes a controlar los aportes de campaña (bancarización y transparencia de las donaciones, el fortalecimiento de la justicia para delitos electorales y la vigilancia a la contabilidad de los partidos) para evitar que en ella se implante la semilla de la corrupción y el autoritarismo, también generan expectativa.
Sin embargo, poco puede lograrse desde la ley si quienes se encargan de aplicarla reciben tantas críticas, como Diana Atamaint, presidenta del CNE. La posibilidad de que su gestión sea evaluada a luz de un juicio político evidencia el fracaso de la depuración del poder electoral que nació desde el Consejo de Participación Transitorio, creyendo que con la mera descorreización de este organismo la tarea se había cumplido. ¿Qué diría Julio César Trujillo al ver que una de las figuras de su último anillo de aliados políticos es criticada por tantas acciones y omisiones? Serios errores en el último escrutinio en Los Ríos; poca habilidad y apertura democrática para llegar a acuerdos con los vocales de minoría para detener una pugna que le ha hecho tanto daño. Y qué decir de cómo colgó nuevamente la consigna de los Yasunidos o del poco interés que puso en desenmascarar el escándalo de Arroz Verde, desde las áreas de fiscalización que ella maneja.
Atamaint ha sido señalada por tomar decisiones que favorecen al PSC y al correísmo, de manera indistinta. También tendrá que explicar por qué el escándalo de tráfico de influencias, parte de la red del cura Tuárez, llegó al CNE y cuya decisión de expulsar al funcionario Luis Loyo se produjo luego de su detención y no semanas antes como le habían advertido. Se debilita la imagen de la primera presidenta indígena a cargo de esta función. ¿Su juicio político dará inicio a la segunda depuración que requiere el CNE antes de 2021?
