Correa, ¿el nuevo Bucaram?
El voto de los ecuatorianos el 11 de abril nos demuestra que el correísmo siempre tuvo bajas probabilidades de ganar las elecciones. El problema es que muy pocos sectores lo supimos advertir con absoluto convencimiento, ni siquiera al repasar la historia nacional y anticipar que al igual que ocurrió con tantos caudillos, estadistas y partidos, a la revolución ciudadana también le llegaría la hora del agotamiento.
Quizás los únicos conscientes de esa realidad eran los propios correístas que, días antes del 7 de febrero, insistían con eso de ganar en primera vuelta para ahorrarse el desgaste que les produciría un balotaje.
Nada les funcionó. Ni el candidato joven y (ni tan) libre de culpas acumuladas en los años del control absoluto del Estado, ni cualquier otro perfil con mayor cancha y reconocimiento. La votación de Andrés Arauz hubiese sido similar a la de Marcela Aguiñaga.
Nunca supieron administrar la campaña de segunda vuelta. Las amenazas de Rafael Correa ahuyentaban a tantos electores como a otros lo hacía aquel mensaje flojo de que Arauz podría romper el cordón umbilical y hacer un gobierno con más amor y menos ‘hate’.
El resultado del 11 de abril demuestra que en amplias zonas urbanas como Guayaquil, de pobres y ricos, de viejos y jóvenes, en sectores indígenas de la Sierra y Amazonía o en los bastiones que por años acariciaron como Quito o Cuenca, se decidió virar la página y poner al correísmo como prueba superada.
Quedó comprobado, entonces, que en Ecuador, quienes dejan el poder no lo vuelven a recuperar por la vía electoral. Pasó con el PSC, Rodrigo Borja, Lucio Gutiérrez y los verdes de la DP.
El problema es que el mandato popular no siempre marca el ejercicio de los políticos en funciones. Por eso, en los últimos días, el comportamiento de UNES y su bloque de 48 asambleístas se parece al del PRE de finales de los 90, cuando su agenda estratégica giraba en torno a un solo objetivo: el archivo de los juicios de Abdalá Bucaram y su retorno.
Hay nerviosismo en la Justicia ecuatoriana, que tanto esfuerzo costó reencauzarla, cuando a propósito del expediente de destitución del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Morillo, se advierte que el epicentro de la política saltará a esas instancias para apretar el control del próximo cuatrieño.
María del Carmen Maldonado señala que el Consejo que lidera no tiene atribuciones ni capacidad para alterar el trabajo colegiado de la Corte Nacional y así sacar del juego -por cabildeos políticos- a su presidente Iván Saquicela, el juez que condenó a Correa en el caso Sobornos.
¿Demasiado ruido? Quizás no para un país que sabe, por el peso de su historia, que quien controla la justicia siempre tendrá las de ganar; socialcristianos y correístas lo saben de memoria...
El presidente electo Guillermo Lasso, en todo caso, está advertido. En los 4,7 millones de votos que lo apoyaron en segunda vuelta rutila el encargo de un país que quiere que las relaciones entre el Gobierno y la Asamblea se den sobre la base de políticas públicas y no por acuerdos extra-judiciales para salvar el pellejo de a quienes les llegó la hora de rendir cuentas, pues el veredicto electoral ya hizo su trabajo.
