La muerte cruzada no solventó el déficit de gobernabilidad que ha acompañado al presidente Guillermo Lasso en sus 25 meses de gestión. La Corte Constitucional echó abajo su decreto-ley de Inversiones, quedando en evidencia el fracaso de la agenda de transformación económica de CREO.
Aunque Lasso entregue la banda presidencial a finales de noviembre, su gobierno finalizó la tarde del 16 de junio, tras ese dictamen desaprobatorio. ¿Qué más puede ofrecernos Carondelet para los próximos cinco meses?
Es cierto que los errores del Ejecutivo, carente de estrategia política, le impidieron al país dimensionar la importancia de su hoja de ruta económica. Por eso, el resto de ‘veto players’ (oposición, indígenas, activistas y Corte Constitucional) hizo todo lo que ha estado a su alcance para que Ecuador no saliera de su atávica incertidumbre.
Aun cuando se podría inferir que Lasso se autoengañó, pensando que sin la Asamblea le iba a ser más fácil introducir las reformas pendientes, también hay que reflexionar sobre el papel de una Corte Constitucional que no ha estado a la altura de la crisis.
Por un lado, da luz verde para la realización de la consulta popular sobre el Yasuní que, siete años después de la explotación del ITT, es una apuesta arriesgada porque de ganar el Sí, según las voces más pesimistas, el Estado dejaría de recibir hasta 1.200 millones de dólares anuales. Al mismo tiempo, los magistrados constitucionales frenan un decreto para establecer zonas francas cuestionando, de forma arbitraria, incluso el principio de urgencia económica concebido por el Mandatario.
En síntesis: en Ecuador es más fácil impulsar proyectos que merman los recursos del Estado que ponerse de acuerdo sobre aquellos que, en esencia, buscan atraer inversión.
Pese a lo disparatado de este dilema, los candidatos exprés a la Presidencia de la República miran hacia otros lados. La crisis de violencia ha vuelto monotemática la discusión nacional y para solventar cualquier duda sobre el futuro de las arcas fiscales, les resulta más fácil insistir en la oferta irresponsable de usar las reservas del Banco Central como caja chica para el populismo.
No hay certezas de cómo se compensarán los ingresos petroleros, en caso de que los ambientalistas triunfen en la consulta, así como por la pésima gestión del Gobierno en esta área desde el inicio de su mandato.
Tampoco se sabe cuán fuerte será el impacto de El Niño en la producción agrícola y la afectación de la infraestructura. Además, la nueva reforma tributaria implica que el Estado deje de percibir de manera directa 200 millones de dólares, esperando a que, sobre la base de la reactivación de las familias, la recaudación se incremente vía consumo.
Hace casi dos décadas, en un documental por los 25 años de democracia, el expresidente Osvaldo Hurtado decía que Ecuador, a lo mucho, puede tener dos años de orden económico porque la política se encarga luego de desbaratarlo todo. Pues bien, el agotamiento integral del gobierno de Lasso demuestra que el país está condenado a repetir sus tragedias sin que a las élites parezca importarles, incluso, el futuro de la dolarización.