Alfredo Pinoargote
jueves, 28 febrero 2019 - 10:34
Una vez que el presidente Moreno ha decidido enfrentar la impunidad prevaleciente mediante la cooperación internacional es preciso definir lo que procede en términos de ejecutar esta lucha colosal contra el crimen organizado, infiltrado en todos los meandros del poder público. Hechos y no palabras, sentencias en firme y no solamente denunciología, acción judicial y no únicamente el lavamanos del escándalo insustancial. Todo depende de cómo se conciba y estructure la comisión internacional anti impunidad, que con expertos internacionales independientes de intereses creados criollos –por fin- viabilicen las acciones judiciales que sancionen a los corruptos y recuperen lo robado.
La médula espinal de esta cooperación es su contenido, a fin de que todas las funciones del Estado involucradas, Fiscalía, Corte Nacional, Procuraduría, Contraloría y Asamblea Nacional, hagan su parte para poner fin a la burla vergonzante de 260 determinaciones penales de Contraloría, con unas pocas formulaciones de cargos de Fiscalía, y cero sentencias en firme de los jueces, mientras la Policía allana las cavernas vacías de los prófugos de cuello blanco.
La comisión internacional tendrá personería jurídica y autonomía, su objetivo será asesorar técnicamente a instituciones del Estado para investigar y perseguir todos los delitos contra la administración pública cometidos desde el 15 de enero de 2007 hasta el 24 de mayo de 2017, denunciar a los servidores públicos que hayan cometido esos delitos o entorpezcan su investigación, actuar como tercero interesado en todos los procesos administrativos y penales que se instauren, seleccionar y supervisar a un equipo técnico de investigación con profesionales nacionales y extranjeros de probada competencia e integridad moral. Factor fundamental es que su director ejecutivo sea designado por el secretario general de Naciones Unidas, y que cuente con una secretaría integrada por personal de expertos nacionales e internacionales. Sin perjuicio de un directorio compuesto de representantes de varias instituciones de la comunidad internacional.
Para que esta comisión funcione a cabalidad es básico que sea autónoma de la Función Ejecutiva, que con una secretaría anticorrupción quiere hacer creer que investigará al propio gobierno o da espacio para pensar que armará persecuciones contra oponentes y malquerientes.
Su financiamiento obviamente debe corresponder a la comunidad internacional afectada por prácticas de competencia desleal con coimas, sobreprecios y mala calidad en la ejecución de proyectos, más el aporte del Ecuador por supuesto.
En definitiva, una oportunidad histórica de esta magnitud no debe agotarse en solo sancionar corruptos y recuperar lo robado, con expertos internacionales, sino en afianzar la reinstitucionalización del Estado secuestrado por el crimen organizado. Esta es una tarea de proyección superior que se sustenta en una cirugía mayor, para decepción de la industria de la impunidad.
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