¿Suspensión del proyecto Loma Larga podría acarrear un arbitraje internacional para Ecuador?
El gobierno iniciará con la suspensión de la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga. Pero ¿ahora Ecuador podría enfrentar una demanda internacional? Aquí lo explicamos.
Este 25 de septiembre, el presidente Daniel Noboa anunció, mediante un comunicado oficial, que no continuará con el proyecto minero Loma Larga.
La decisión se da luego de una petición ciudadana para revocar la licencia ambiental otorgada al proyecto, que contemplaba la construcción de una mina subterránea a gran escala con una proyección de 12 años de operación, a cargo de la empresa canadiense Dundee Precious Metals.
Es que en el páramo Quimsacocha, cerca de dónde se planeaba la construcción de este proyecto, se generan los ríos Irquis, Portete, Tarqui y Yanuncay que representan la única fuente de abastecemiento de agua para comunidades locales y la ciudad de Cuenca.
Advertencia de disputa legal
Aunque Noboa declaró, a través de un comunicado, que no continuará con el proyecto minero, indicó que la responsabilidad de enfrentar las acciones que tome la empresa minera canadiense caería directamente en las autoridades locales.
Por su parte, el alcalde de Cuenca Cristian Zamora indicó que entregó ocho documentos al Gobierno para que reverse la licencia ambiental y la concesión minera de Loma Larga.
"Entrego los informes y me solidarizo con los funcionarios del MAATE que lo hicieron y que fueron despedidos. El Municipio y ETAPA no tienen ninguna responsabilidad en dar pie atrás (...) porque las cosas deben deshacerse de la misma manera que se hicieron", destacó Zamora en la reunión a la que lo convocó la Gobernación del Azuay.
Suspensión podría acarrear un arbitraje internacional para Ecuador
Entonces, ¿es posible que llegue a instancias internacionales? La respuesta es sí. Una empresa puede acudir a un centro de arbitraje internacional para demandar a un Estado y así resolver un conflicto ante un tribunal. Y aunque este mecanismo debe ser neutral e imparcial, hay quiénes creen que no siempre funciona de esa manera.
De hecho, en la tarde de este 25 de septiembre el gobierno presentó un comunicado indicando que procederá con la suspensión de la licencia ambiental del proyecto Loma larga y que las autoridades locales deberán responder por "la veracidad, consistencia y responsabilidad técnica de los informes que han puesto a consideración del Gobierno Central".
Entonces, en caso de que el estado ecuatoriano deba someterse a una corte internacional, tiene la posibilidad de defenderse. Pero antes de esto, podría existir una negociación entre Dundee Precious Metals, el estado dónde viene esta empresa (Canadá) y el estado ecuatoriano para lograr una resolución. Esto podría terminar en que Ecuador pague un monto a la empresa por los gastos o los daños que haya sufrido, tal y como en el emblemático "caso Chevron".
Pero ahí viene otro cuello de botella. El artículo 419 de la Constitución del Ecuador señala que la Asamblea Nacional debe autorizar cualquier tratado internacional que afecte la soberanía del país, ya sea en temas de territorio, alianzas, leyes, derechos, comercio, deudas o al ceder competencias a organismos internacionales.
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Por eso es que precisamente todavía no se ha pagado los 800 millones de dólares a Chevron luego de que Ecuador perdiera el litigio internacional. Y, los expertos advierten que un escenario similar podría ocurrir si esta disputa de Quimsacocha llega a instancias internacionales.
¿Aguas contaminadas?
Pero esa no es la mayor preocupación que existe sobre este caso. También existe la posibilidad de que sucedan demandas de otros países contra el estado ecuatoriano en sedes de justicia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿Por qué? Muchas de las aguas que nacen en Ecuador y que son afectadas por el desarrollo de actividades mineras, son transfronterizas. Es decir, que eventualmente llegan a territorios de Perú o Colombia.
El especialista indica que aunque este tema todavía no ha llegado al congreso peruano, en cualquier momento podrían tomar la decisión de demandar a Ecuador en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Y en caso de que exista una resolución en esas instancias, el país sí está obligado a acatar la indemnización monetaria u otras medidas de reparación que se dispongan. Esto, explica Fajardo, es algo que podría suceder en Quimsacocha, ya que las aguas de estos páramos también van hacia otras cuencas de agua que son transfronterizas. Y, en caso de que exista una contaminación a gran escala, podría generarse una demanda internacional hacia Ecuador.
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En días anteriores, el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca difundió un comunicado recordó que el presidente tenía la obligación de ejecutar la voluntad de Cuenca, cuando en una consulta popular el 7 de febrero del 2021 prohibió la explotación minera en zonas de recarga hídrica..
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