Tres normas económicas urgentes más la Ley de Inteligencia, replanteada por el movimiento oficialista en la Asamblea, suman una treintena de demandas de inconstitucionalidad.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca ordenar, proteger y reactivar económicamente territorios que, pese a su condición de áreas protegidas, han sido tomadas por el crimen.
“No entiendo qué es dar gobernabilidad, ¿seguir aprobando leyes para que vayan en contra del pueblo?, ¿eso es gobernabilidad?", reprochó el presidente de la Conaie.
