La legisladora del correísmo había perdido sus derechos políticos por realizar comentarios "despectivas" hacia la exfiscal general del Estado, Diana Salazar.
Aunque esta decisión es de primera instancia y puede ser apelada, el juez ordenó en su fallo enviar copias al Ministerio de Trabajo para que registre la suspensión de los derechos de participación de Abad.
