Tribunal suspende pena de cárcel a exjuez de Santo Domingo, condenado por concusión
Por unanimidad, los jueces Felipe Córdova (ponente), Luis Rivera y Pablo Loayza, que conforman el Tribunal de la Sala Penal de Corte Nacional, desecharon el recurso de apelación y ratificaron la sentencia de tres años de pena privativa de libertad en contra de Arturo B., exjuez provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el delito de concusión.
Sin embargo, en la misma diligencia -con voto de mayoría- la Sala concedió la suspensión condicional de la pena al exjuez, con las algunas condiciones.
El 27 de julio del 2016, Arturo B., a través del abogado Edison Ch. (sentenciado en proceso directo) solicitó $ 2.000 al ciudadano Carlos C., para fallar favorablemente en una sentencia en un caso de prescripción adquisitiva de dominio, la que se resolvió el 22 de julio de 2016.
Días después, Edison Ch. pidió a Carlos C. la entrega del dinero destinado al Juez. Una vez recibido el efectivo, el abogado y el magistrado fueron detenidos en situación de flagrancia, tras la denuncia del ciudadano.
En su fallo, los magistrados ratificaron la materialidad del delito, al exigir el pago de 2.000 dólares a cambio de resolver de forma favorable una causa judicial, que se encontraba en conocimiento del despacho del Juez sentenciado.
En su intervención, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, mencionó que, durante la audiencia de juicio, la Fiscalía demostró la existencia del delito y la responsabilidad penal del sentenciado, con base en la exposición de pruebas testimoniales y documentales que confirmaron la teoría del caso.
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Entre los elementos determinantes en la motivación de la sentencia condenatoria -de primera instancia- consta la materialización de chats entre el exjuez y el abogado Edison Ch., que sirvió como intermediario de las exigencias de pago realizado.
Además, la extracción de información donde se evidencia la entrega de coordenadas donde debía depositarse el dinero, situación que fue puesta en conocimiento del ECU 911, para la realización del procedimiento en flagrancia.
También, se presentó el comprobante de retiro de 2.000 dólares por parte de Carlos C. de una cuenta a su nombre en el Banco de Machala.
Las condiciones impuestas por el Tribunal para la suspensión de la pena disponen que: el exmagistrado deberá informar a la autoridad competente sobre un eventual cambio de lugar de residencia, prohibición de salida del país, pagar la reparación integral a la víctima de este caso (según sentencia de primera instancia), y presentarse periódicamente ante la autoridad competente, según lo disponga el Juez de Garantías Penitenciarias asignado.
El fiscal Toainga agregó en su intervención que, “si la Ley sanciona a un funcionario público cuando recibe dinero a través de exigencias, es más grave que el funcionario público tome dinero para administrar justicia”.
