Solo 41 cuerpos de reos asesinados en la Penitenciaría han sido identificados, ¿qué pasa con el resto?
Al momento 41 cuerpos de los 118 reos asesinados en la Penitenciaría del Litoral han sido identificados en el Laboratorio de Ciencias Forenses y Criminalística, al oeste de Guayaquil, así lo confirmó la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, en rueda de prensa.
Agregó que 21 cadáveres ya fueron entregados a sus familiares y el resto serán devueltos en el transcurso del día, por lo tanto los médicos forenses no han podido identificar a otros 77 reos fallecidos.
La ministra informó que la lista oficial de las víctimas será enviada a los medios de comunicación para su publicación y que se activará un proceso de acompañamiento para los familiares de las víctimas.
El Gobierno habilitó un punto de información en el Coliseo Abel Gilbert del Parque Samanes para que las familias acudan a consultar sobre la ubicación de sus seres queridos. Sin embargo, esto en la práctica no está sucediendo.
Valeska Chiriboga, del área de investigación del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), dijo a Vistazo que en ese lugar no hay información para los familiares de los reos, más bien sucede lo contrario.
“Los parientes son los que van a dar datos de su familiar detenido. Solo existe un listado de personas que están internadas en los hospitales. Salen con la misma incertidumbre y angustia, porque sí ni las propias autoridades no saben del paradero de su familiar, ¿qué pueden esperar ellos?”.
Chiriboga, quien estuvo en los principales puntos donde se concentran los reclamos de las familias, describe que actualmente reinan sentimientos de decepción e inseguridad.
“Muchos de ellos tenían familiares con la sentencia próxima a cumplirse, estaban a 15 u 11 días de salir. Las autoridades deberían liberar a los reos que estén cerca cumplir sus penas para tranquilidad de sus allegados”, dijo la defensora de Derechos Humanos a Vistazo.
De hecho, la ministra de Gobierno dijo que solicitará al presidente el indulto de al menos 2.000 internos, que corresponden a grupos como tercera edad, enfermos terminales y personas con discapacidad.
Además de repatriar a extranjeros con condena para que terminen de cumplirlas en su nación. Un 10% del total de la población carcelaria es extranjera, en su mayoría colombianos y venezolanos.
A LA DERIVA
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) obtuvo información de una fuente, que decidió mantenerse en el anonimato, quien mencionó que nunca hubo control en los pabellones.
Por ello, “las autoridades no tienen conocimiento de quiénes eran las personas que estaban en el pabellón, eso dificulta la existencia de listados oficiales, los propios familiares son los que deben dar esos datos”, dijo Chiriboga.
Luis Ángel Saavedra, director ejecutivo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), explica que el Estado ha omitido su responsabilidad de salvaguardar la vida de los privados de la libertad.
“Esto ha promovido ejecuciones extrajudiciales al interior de la Penitenciaría, a pesar de que los autores de los asesinatos son reos, ellos deberían estar controlados por el Estado”.
Saavedra señala que la incertidumbre que viven las familias es producto de la falta de controles en los pabellones, “eso se convierte en un trato inhumano para las familias”.
“¿Cómo podemos decirle a una madre no sé si su hijo está muerto porque tampoco sé si estaba en ese pabellón y obligar a la madre a que revise fotos, contar tatuajes, que lo describa? Eso es un trato cruel y está prohibido en la Convención de Derechos Humanos”.
ACCIONES DEL GOBIERNO
El Gobierno desplegó 3.600 militares y policías en todo el sistema penitenciario para "garantizar la seguridad" en esas instalaciones, según dijo la ministra de Gobierno, Alexandra Vela.
"El gobierno mantiene movilizados de manera permanente, diariamente en todos los centros penitenciarios del Ecuador a 3.600 efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas", dijo la funcionaria y agregó que la operación es para "garantizar la seguridad" en las prisiones.
La administración del presidente Guillermo Lasso tomó esa decisión tras la revuelta en una cárcel del puerto de Guayaquil el martes, que dejó al menos 118 muertos, entre ellos seis decapitados y 86 heridos.
En esa prisión, con 8.500 personas y un hacinamiento que llega a 60% según cifras oficiales, se desató un enfrentamiento con armas de fuego entre bandas rivales con nexos con el narcotráfico internacional que se disputan el poder.
Las Fuerzas Armadas señalaron que por su parte se "realiza un control de armas, municiones, explosivos y accesorios en el primer filtro de ingreso y en las vías de acceso y zonas de influencia de los Centros de Rehabilitación Social, empleando medios terrestres, fluviales y aéreos".
