Se facilitan los procesos de adopción en el Ecuador
Miguel Alvarado jueves, 6 agosto 2020 - 06:05
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La adopción en el Ecuador maneja su marco legal desde el Código de la Niñez y Adolescencia (CONA). De hecho, todo el título VII corresponde a las normas de la adopción. Esta, como finalidad general, se describe como una forma de garantizar una familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña o adolescente que se encuentre en aptitud social y legal para ser adoptado. Para el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en cambio, corresponde al acto de restitución de derechos para cualquier niño, niña o adolescente que se encuentre en estado de adoptabilidad.
Sin embargo, es una opción que todavía no tiene una acogida considerable dentro de la sociedad ecuatoriana. Las cifras del MIES revelan que el número máximo de adopciones por año, desde 2016, no supera las 110. Y esto se debe, en gran parte, a los engorrosos trámites y la falta de institucionalización de los procesos. Frente a este panorama, se promueven acciones y modificaciones al marco legal para facilitar el trámite de adopción
El objetivo para el MIES es que los procesos duren menos de 12 meses. “Buscamos que la adopción entre a una nueva era, que sea más eficiente y efectiva, porque es un verbo, no un adjetivo”, explica Iván Granda, ministro de Inclusión Económica y Social. Entre las reformas legales que propone al Código de la Niñez, destaca que la declaratoria de adoptabilidad de un menor no supere los 12 meses. Esto genera presión en los procesos, puesto que se deben agilizar los informes sociales que se elaboran. “Antes no había plazos establecidos para las audiencias y juicios, ahora hasta se ha reducido al máximo las audiencias procesales”, agrega el ministro Granda.
¿Cómo se realiza una adopción en el Ecuador?
El proceso comienza en una fase administrativa con un registro virtual en la página del MIES. En esa se detallan todos los requisitos y modalidades, como por ejemplo, ser mayores de 25 años, no registrar antecedentes penales, disponer de recursos económicos, entre otros. Luego se da una entrevista por personal de la Unidad Técnica de Adopciones (UTA) del MIES a la/s persona/s interesada/s. Pueden adoptar parejas heterosexuales casadas o unidas, así como también personas solteras. No obstante, entre los requisitos del MIES se deja a un lado a las parejas homosexuales.
A quienes califiquen en los pasos previos se ofrece un círculo de formación virtual, con talleres sobre los fundamentos y fases de adopción, y cómo se construyen las familias adoptivas. Después, el MIES hace un Estudio de Hogar, visitan e inspeccionan el lugar en donde vivirá el niño adoptado. Hasta ese entonces no se ha inmiscuido ninguna instancia judicial, puesto que todo corresponde a la calificación de los postulantes como personas aptas para adoptar.
Martín Avilés y Rita Mendoza cursaron todo ese proceso. Esta pareja de 13 años de casada intentó por una década tener un hijo biológico, e incluso probaron con métodos de fertilidad que resultaron ineficientes. “Nuestro anhelo de ser padres fue más fuerte y sentimos ese llamado sabiendo que hay niños sin hogar con el sueño de llegar a una familia”, reconocen.
No obstante, la otra cara del asunto se ataña a los menores. Por ley, la edad límite para calificar como adoptable es de 21 años, pero se deben cumplir con requisitos. Por ejemplo, cuando se da la orfandad de ambos progenitores o la imposibilidad de determinar quiénes son sus familiares de hasta tercer grado de consanguinidad.
Según las cifras del nisterio, en la actualidad se encuentran cerca de 2,500 niños en entidad o casas, a la espera que se les emita su declaratoria de adoptabilidad. Ahora solamente 255 disponen de ellas y están a la espera de la familia. Esto se traduce en calificar lo más cercano posible a una solicitud de adopción, es decir, si el postulante aspira determinado sexo, edad, etnia o condición.
Cuando se da el emparejamiento comienza la fase judicial. Es decir, que un juez determine si la/s persona/s cumple/n las condiciones para adoptar a un niño. Este es otro avance que se logró puesto que el tiempo límite abarca entre los dos a seis meses para tener la sentencia. “El término de investigación se reduce para que no exista institucionalización prolongada”, acota Granda. Y explicó que a través del manual de adopciones publicado se firmó un convenio para observar el accionar de los operadores de justicia y conocer las causas de la demora de sus operaciones, que incluso faculta al planteamiento de veedurías.
Otro condicionante que detenía el proceso de adopción era la asistencia legal. Producto de los múltiples y demorados trámites, un proceso demoraba hasta cuatro años y costaba hasta 10.000 dólares. El MIES suscribió un convenio con algunas universidades privadas, como Indoamérica, para que realicen el asesoramiento gratuito de los trámites.
Casos y metas
La nueva vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, dispone de entre sus funciones encomendadas la simplificación de los procesos de adopción. Es un ámbito en el cual ya ha estado inmiscuida debido a que hace cinco años inició con el proceso de adopción de sus dos “hijos del corazón”, como les llama. “El Estado debe facilitar los procesos y las condiciones para que los niños tengan un hogar (…) hay niños que no tienen esa posibilidad cuando es una obligación que sí la tengan”, enfatiza Muñoz, en una entrevista exclusiva con Vistazo.
El matrimonio Avilés – Mendoza es una muestra del beneficio de la simplificación de los trámites. Se alegró de haber pasado por los cursos de capacitación. “Alguna vez pensamos que era como en las películas, es decir, ir a un hogar de acogida y regresar a casa con un hijo. Durante en el proceso enteramos que tanto el niño en adopción, así como los padres adoptantes, debemos pasar por un proceso de idoneidad”, explican. Hoy, Carlitos se encuentra adaptado a su nuevo hogar y familia. La pandemia, de hecho, los ayudó a reforzar su lazo afectivo porque pudieron pasar más tiempo junto. “Parecía que había estado con nosotros toda su vida”, dicen sus padres.
El ministro Granda solicitó cooperación con La Haya, en Holanda, para “dibujar una política eficiente y efectiva, que cambie la era de adopción” y se ajuste a un manual internacional de adopciones, que evite la trata y tráfico de menores. Este constituye uno de los principales delitos que no son registrados en el país por falta de denuncias o investigaciones.
