Reformulan cargos contra implicados en muerte de policía Verónica Songor, tras ataque a UPC en Guayaquil
Por el atentado contra la Unidad de Policía Comunitaria de Nueva Prosperina, en Guayaquil, que ocasionó la muerte de la policía Verónica Songor, la Fiscalía reformuló cargos contra los tres procesados.
De tentativa de asesinato a asesinato fueron acusados los sospechosos de atacar a bala el destacamento, que impactó a la policía que se encontraba de turno en dichas dependencias, el pasado 9 de octubre.
Tras el hecho violento, Fiscalía y Policía Nacional ejecutaron cerca de treinta allanamientos en el sector de Socio Vivienda, en Nueva Prosperina, norte de la ciudad.
En los operativos, diez personas fueron detenidas: tres fueron procesados por el ataque armado y los otros siete por tráfico y posesión de estupefacientes, y porte de armas de fuego.
También se decomisaron armas de fuego, municiones sin percutir de diversos calibres, droga en fundas, una motocicleta reportada como robada, un chaleco antibalas, hojas y panfletos en los que advertían acciones a tomar contra personal policial, adjudicados a una agrupación criminal que opera en este sector de Guayaquil.
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La uniformada falleció el 16 de octubre tras haber permanecido en estado crítico en una clínica de Guayaquil y “[...] habiendo variado justificadamente la calificación jurídica de la imputación hecha en la audiencia de flagrancia contra los tres procesados, tras la muerte de la policía, Fiscalía solicitó al Juez del caso lo pertinente”, indicó el fiscal de la Unidad de Personas y Garantías que investiga la causa.
En la audiencia, desarrollada la mañana de este lunes 7 de noviembre en la Unidad Judicial Albán Borja, Fiscalía presentó el pedido el que fue acogido por el Juez de Garantías Penales, quien también ratificó la prisión preventiva que pesa contra Édgar Israel F. M., Carlos Alberto G. C. y Josué Jeremías B. Q., disponiendo de treinta días más –improrrogables– para el cierre de la instrucción fiscal.
Lo actuado fue notificado a los abogados de los procesados que se encontraban presentes en la diligencia.
El fiscal presentó como elementos: el acta de levantamiento de cadáver y autopsia, remitidas por la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased).
Además de los que fueron presentados en la audiencia de flagrancia, como el parte de aprehensión e informe preliminar de la Policía Judicial, un CD en el que estarían fotografías y videos de la presunta participación de tres procesados antes del hecho, las versiones de los agentes aprehensores, entre otros.
Fiscalía reformuló cargos con base en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en concordancia con el artículo 42 (en grado de autores) del mismo cuerpo legal. El delito de asesinato es sancionado con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.
