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¿Qué pasó en la Isla Mocolí? Hay cuatro detenidos; Policía da detalles

jueves, 7 marzo 2024 - 09:12
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En torno a lo ocurrido en Isla Mocolí, el Comandante General de la Policía de la Zona 8, Víctor Herrera, ofreció detalles sobre el evento que ha mantenido en vilo a la exclusiva zona residencial, ubicada en la vía a Samborondón.

Según las declaraciones de Herrera, la noche del 6 de marzo se localizó un vehículo ocupado por cuatro individuos. Fue interceptado por el personal de la Policía Nacional, y los ocupantes fueron identificados y puestos a disposición de la Fiscalía.

Además, se encontraron varios indicios asociativos que condujeron a las autoridades hasta el sector de Samborondón.

Uno de los detenidos afirmó residir en Isla Mocolí, lo que motivó a los uniformados a dirigirse al domicilio para verificar la información.

A pesar de ingresar a la residencia señalada, no se hallaron armas. Sin embargo, los elementos encontrados en el vehículo serán utilizados en el proceso judicial contra los detenidos.

El Comandante Herrera desmintió cualquier vínculo entre este operativo y el Caso Purga, enfatizando que el allanamiento no estaba relacionado con la investigación sobre delincuencia organizada que involucra a políticos y jueces.

Según las autoridades, el objetivo del allanamiento era requisar una casa alquilada por uno de los individuos detenidos en el sector de Sauces, donde se les encontraron armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y una computadora.

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El operativo se registró a los pocos días de que en la misma urbanización fuese detenido el exasambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo M., quien presuntamente controlaba la administración de justicia en Guayas y ha sido señalado como “líder del grupo criminal”, junto a su esposa Mónica A.

Entre los indicios recabados en la vivienda de Pablo M., constan dos armas de fuego, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, relojes Rolex, licores, joyas, documentos, dinero en efectivo (7.535 dólares y 505 euros) y una chequera.

Aquella acción se llevó a cabo con el objetivo de desmantelar una red de delincuencia organizada dentro de altas esferas judiciales, para "favorecer intereses particulares e, incluso, del narcotráfico", de acuerdo con la Fiscalía.

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