La Karolina y Socio Vivienda: el despertar amargo de no tener una vivienda digna
ASÍ SE VIVE EN LA KAROLINA.
Tarcila M. lleva 12 años sin poder dormir en paz. Tiene miedo de que, en cualquier momento, la saquen de su casa a la fuerza —como sucedió en enero de este año—. Limber M. comparte ese sentimiento. Ya no tiene las fuerzas de un veinteañero, confiesa que a sus 62 años de edad su vigor para luchar por tener un techo digno se le agota, y eso lo frustra.
Las casas de Tarcila y Limber, ubicadas en el sector La Karolina (Zahino Chico) en Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil, son dos de las decenas de viviendas asentadas en el sector, producto del engaño de traficantes de tierras quienes prometieron “facilidades de pago” por terrenos cuya venta en realidad, es ilegal.
En La Karolina viven desde hace más de 20 años y de manera pacífica, alrededor de 1.245 familias. Pero viven en incertidumbre. Tienen miedo de algún día ser desalojados por una orden judicial que los acusa de la presunta ocupación ilegal de tierras y de la condición de vivir sobre una “zona de seguridad”.
Esta situación de incertidumbre y vulnerabilidad es parte de la revelación del informe por el Derecho a la Vivienda Digna en Guayaquil: casos La Karolina y Socio Vivienda, realizado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos - CDH con el apoyo de con apoyo de la Fundación Rosa-Luxemburg-Stiftung, que fue lanzado el pasado lunes 9 de agosto.
“Me encuentro con el señor Enrique Avilés y Jenny Medranda, que eran los dueños o son los dueños de esta tierra, les solicité un terreno (...), les pregunté si era privado o invasión y me dijeron: 'no es invasión esto es privado'. Me sacaron un plano y uno ingenuamente cayó. El terreno me vendían en 4.000 dólares, que lo pague en cuotas de 120 (dólares) mensuales”, declaró Limber a una misión del CDH.
Además de este conflicto, en La Karolina existen las etapas 3 y 4 están dentro de la Zona de Seguridad, es decir, áreas que no cumplen con las condiciones óptimas para que se asienten viviendas. Hasta mayo de este 2021, en La Karolina, el CDH contabilizó 713 casas construidas sobre esta Zona de Seguridad.
No obstante, Evelyn Montalván, directora de la Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Irregulares, aclara a Vistazo que, efectivamente, hasta 2017, había un decreto que establecía ese sector como Zona de Seguridad, pero que ya fue derogado.
"Ellos ahora se encuentran en un proceso de legalización por parte del Municipio de Guayaquil. Inclusive ya hay una ordenanza en la cual se comienza la expropiación al legítimo dueño", adelanta la funcionaria.
Además, Montalván aclara que en La Karolina existe una mezcla de personas que fueron engañadas y pagaron por las tierras, pero asegura, que otro grupo simplemente invadió la zona.
"Entonces, la situación no es la misma para todos. La Karolina tiene dos partes, la que data de muchos años atrás, que es la parte que se va a legalizar; y otra que es un área nueva de invasión en la que hay una orden judicial de desalojo", sostiene
No obstante, hasta que se inicie el proceso de legalización, los datos de la falta de acceso a servicios demuestran una vulneración de derechos. CDH recopiló información estadística de 150 familias sobre las condiciones de vivienda de los moradores de las etapas 3 y 4 de La Karolina, para identificar las carencias que actualmente tienen.
LOS INDICADORES DE LA KAROLINA
Situación de la vivienda:
En este sector, el 92,5 % de los habitantes consideran que la vivienda es propia; mientras que el 6,8 % vive en una casa prestada y el 0,7 % alquila.
Pago de la vivienda:
El 93,2 % ha pagado completamente por el lugar en el que reside, el 6,8 % aún no lo ha hecho.
Materiales usados en la construcción de la vivienda:
El 59,5 % de las casas es de caña, el 28,2 % es de bloque y cemento, el 8,4 % es de madera y caña y el 3,8 % es de madera.
Acceso a servicios básicos:
El 66,9 % de los hogares no cuenta con servicios básicos como luz, agua, alcantarillado; mientras que el 31,8 % tiene acceso solo a luz y tan solo el 1,4 % tiene todos los servicios.
Condiciones de hacinamiento:
El 54, 1 % de personas por casa es menor o igual a tres, el 27, 7 % de casas tiene más de 5 integrantes y el 18, 2 % tiene 4 personas por vivienda.
Valeska Chiriboga, investigadora del informe, cuenta que las condiciones de vida en el sector son desalentadoras, especialmente porque los moradores viven con escasos recursos, con el temor permanente a ser desalojados y con la vulneración de sus derechos a tener acceso a servicios básicos.
“No hay propuestas de política pública para viviendas de interés social, que tengan el valor de lo que deben costar para estos sectores. (...) En La Karolina, lo más grave es que estamos hablando de que no hay acceso a servicios básicos teniendo en cuenta una coyuntura, es decir, que estamos en una pandemia. No acceder a algo tan esencial en una pandemia es inhumano y frente a eso, el tema de la educación y el acceso a la virtualidad también se vulneran”, menciona.
Según Billy Navarrete, director de la investigación y secretario ejecutivo del CDH, estas vulneraciones a los derechos son la evidencia de la negligencia de las autoridades. “(En La Karolina) hay un denso enredo legal, choques de bandas, pseudo propietarios que exigen derechos sobre las tierras, y en medio de esta contienda está esta población”, agrega.
VULNERACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS EN SOCIO VIVIENDA
En el caso del Plan Habitacional en Socio Vivienda, según Chiriboga, se identificó la violación de derechos antes, durante y después del desalojo.
Entre estas, la falta de consenso con respecto a la reubicación desde el estero Salado hacia el plan habitacional, así como la ausencia de un documento que les ofrezca las certezas de que van a tener sus propiedades, “mientras que a otros se desalojaba, pero ni siquiera habían sido notificados de que se les iba a descontar dinero del bono de desarrollo humano como cuotas de pago por sus nuevas viviendas”, comenta.
“Si el Gobierno decidió mover a estas personas, esto debió ser informado, consensuado, en términos de lo que dicta Naciones Unidas, las condiciones de esas nuevas viviendas no pueden ser iguales sino mejores que las que se dejaron; pero eso no ha pasado. Ni siquiera son iguales”, manifiesta Navarrete.
Sobre este tema, adelanta Navarrete, la próxima semana el CDH impondrá una acción de protección para judicializar este “encadenado de violaciones” a derechos humanos. “Una de las cosas que inicia este informe es una serie de acciones de incidencia alrededor de esta acción de protección que estamos a punto de presentar”, agrega.
No obstante, Montalván niega que durante esas reubicaciones no se haya informado adecuadamente a los involucrados. "Todas las personas que fueron reubicadas hacia Socio Vivienda fueron totalmente notificadas. Fue un proceso completamente socializado, en el que ellos tienen actas firmadas de compromiso de pago", afirma.
LO QUE RECOMIENDA EL INFORME
El informe del CDH sugiere mesas de trabajo con diferentes instituciones para abordar ambos casos (La Karolina y Socio Vivienda), también la revisión de políticas públicas de desalojo y asentamientos irregulares en Guayaquil, la consolidación de cifras reales sobre asentamientos irregulares, cumplir estándares nacionales de acceso a la vivienda, que la Administración de Justicia haga cumplir la reparación por daños y perjuicios a los moradores que La Karolina, como establece una sentencia emitida en 2015.
