Glosas por más de $ 5 millones en Unidad Nacional de Almacenamiento por contratos de compraventa de arroz
La Contraloría General del Estado (CGE) confirmó cuatro responsabilidades civiles en la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA). Las glosas se determinaron por despachos de arroz sin facturación, pagos no autorizados de transporte del producto, incumplimientos contractuales y ventas a precios inferiores a los establecidos.
El organismo de control confirmó responsabilidades civiles que suman $ 5´061.865 para funcionarios de la empresa pública, que actuaron entre el noviembre de 2018 y julio de 2019, y para empresas que suscribieron contratos de compraventa de arroz paddy a plazo, para exportación, durante el mismo periodo.
La glosa por el monto más alto $ 3’244.113 se determinó debido a que los administradores de los contratos autorizaron la entrega del producto a los compradores sin verificar que esté facturado y pagado, conforme el cronograma contractual. Esto causó que no se cobren los dividendos de acuerdo a las tablas de amortización.
Auditoría también advirtió que en diez contratos de compra venta de arroz paddy el gerente general de la UNA estableció un precio inferior al oficial. El funcionario justificó la decisión argumentando que en los sacos de 200 libras se detectó humedad e impurezas, lo que fue aprobado por los Miembros del Comité de Ventas Anticipadas a Plazos.
La resolución confirmatoria de la responsabilidad civil señala que el gerente y el Comité no observaron lo dispuesto en los artículos 5 y 6, Responsabilidades y Aplicación de precios, respectivamente, del Reglamento de venta de bienes y servicios de la UNA, que establecen los procedimientos para la fijación de precios. La inobservancia de esas disposiciones legales originó un perjuicio económico a la entidad de $ 822.555, monto por el cual se confirmó la glosa.
La Contraloría también responsabilizó a los administradores de los contratos que no aplicaron multas por $ 780.733, ante el incumplimiento de los plazos contractuales por parte de los exportadores.
Además, se identificaron pérdidas económicas por el transporte del arroz a los centros de acopio de los compradores. La empresa pública asumió el valor del traslado, incumpliendo lo dispuesto en el Reglamento de venta de bienes y servicios de la UNA. La normativa señala que los contratistas deben asumir ese rubro, omisión que derivó en otra glosa de $ 214.464.
No obstante, las personas naturales y jurídicas responsabilizadas tienen el derecho de interponer un recurso de revisión ante la Contraloría General del Estado o en los tribunales de lo Contencioso Administrativo.
