Exjueza va a prisión por presunto prevaricato: habría liberado a 25 presos, entre femicidas y sicarios
La exjueza multicompetente de Montecristi, Gina Zambrano, fue procesada por su presunta participación en el delito de prevaricato. Tras la presentación de los elementos de convicción y formulación de cargos por parte de la Fiscalía, el Presidente de la Corte Provincial de Manabí dictó prisión preventiva en contra de la exmagistrada.
Además, el magistrado ordenó la prohibición de enajenar bienes para asegurar una posible multa y reparación integral.
En la audiencia, Fiscalía solicitó el inicio de la instrucción fiscal con base en los resultados de una investigación que inició –de oficio– en marzo de 2023, luego de conocer sobre la decisión de la funcionaria de ordenar la libertad de dos personas sentenciadas por femicidio, que se encontraban en el Centro de Rehabilitación Social Turi.
Entre los principales elementos de convicción presentados se encuentra el acta del 3 de octubre de 2023, en el que el Pleno del Consejo de la Judicatura ( CJ) destituyó a Zambrano por las acciones jurisdiccionales en las que benefició, además de los 2 sentenciados por femicidio, a varias personas procesadas por delitos contra la propiedad y la vida.
Alrededor de 25 personas privadas de la libertad, sentenciadas por delitos graves, fueron liberadas por la entonces jueza, según la Judicatura.
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El presidente del CJ, Wilman Terán, incluso ha señalado que la magistrada "sin competencia alguna y de forma injustificada" liberó a presos relacionados con delitos sexuales, femicidios, sicariatos, muertes violentas, acontecidos en diversas provincias del país, bajo la figura de garantías jurisdiccionales, alegando un supuesto inter comunis.
Fiscalía presentó también los documentos sobre los allanamientos realizados en la oficina de la mencionada jueza, los informes investigativos, el reconocimiento del lugar de los hechos y levantamiento de evidencias; así como los resultados de las pericias realizadas a los computadores y equipos electrónicos incautados, entre otros.
La diligencia para formular cargos en contra de la exfuncionaria judicial se realizó después de dos diferimientos.
El delito de prevaricato se encuentra tipificado en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal y es sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
