La valentía de una madre destapa el primero de una avalancha de casos de violaciones en escuelas y colegios públicos, son 882 en tres años. El Ministerio de Educación ocultó información y cambió de puesto a profesores acusados, muchos casos nunca fueron denunciados a la justicia.
“Yo de aquí no me muevo hasta saber el nombre de ese profesor. No me muevo”. La madre se paró firme frente a la rectora del colegio réplica Aguirre Abad, Patricia Cuenca.
Dos semanas atrás la madre había reportado a la psicóloga del Departamento de Consejería Estudiantil de ese colegio que su hijo de siete años decía que un profesor había tocado las partes íntimas de un compañero en el baño y le obligaba a tocarlo. La psicóloga prometió avisar a los padres del niño, pero solo notificó a la rectora. La madre vuelve y pide hablar con la rectora, esta vez para contar que su propio hijo le ha confesado ser víctima del mismo profesor, dice que se trata del maestro que estaba esa mañana en la puerta recibiendo a los alumnos, y que exige saber su nombre.
“¿Y tú qué vas a hacer con el nombre?”, le responde la rectora, según el relato que hace la madre en la oficina de su abogado, Hernán Ulloa. “Lo voy a denunciar en la Fiscalía”, le responde la madre. “Cuidadito señora, me dijo la rectora, que nada está verificado, no hay pruebas, le pueden poner una contrademanda por difamación y la que va presa es usted”. En ese momento, la madre dudó y tuvo miedo, pero pensó “¿y si hay más niños?”.
Por la obstinación de esta madre, una viuda de 39 años, con tres hijos, que trabaja en una guardería de La Prosperina en Guayaquil, la rectora permitió que el niño recorra las aulas para identificar a su agresor. Días después, el fiscal César Peña trepó la puerta del colegio con agentes de policía y logró capturar a dos maestros, otro fue apresado manejando una moto y un cuarto está prófugo: se ofrece una recompensa por información que permita la captura de Xavier Magallanes Benítez. El nombre que la rectora se negaba a dar hoy está en la lista de los más buscados.
Los maestros tenían celulares y una cámara de fotos con imágenes de pornografía infantil, presuntamente de los niños de la escuela. Diez niños y niñas de este colegio han presentado denuncias por violación, pero podrían ser muchos más. Una semana después de que este caso se hiciera público, estalló otro en Quito: 84 niños abusados en la escuela pública Mushuk Pakari.
Se reportan otros 31 niños abusados sexualmente por maestros en Morona Santiago, 32 más en Cotopaxi, otros 15 casos en distintas escuelas de El Oro. El ministro de Educación, Fander Falconí dio cifras escalofriantes: Son 882 casos de abusos sexuales a alumnos entre 2014 y 2017, de estos 561 fueron violentados dentro de las escuelas. Solo 453 casos entraron al sistema de justicia, según un documento enviado a Vistazo por el Ministerio de Educación.
¿Nadie vio nada?
El colegio réplica Aguirre Abad, una de las Escuelas del Milenio construidas en el gobierno anterior para mil alumnos en jornadas diurna y vespertina, ahora está “intervenido” y tiene nuevo rector. Brigadas de madres y padres hacen turnos para resguardar los baños. Los niños aún corren al salir al recreo, aún hacen bulla y juegan, pero hay un ambiente tenso, sobre todo entre maestros y padres. “¿Cómo podemos volver a confiarles a los niños?”, pregunta una mamá mientras mira atenta a los baños.
El caso de abuso en este colegio es emblemático por la cantidad de adultos que callaron y encubrieron. Los testimonios de las denuncias de los niños ante la Fiscalía son de una crudeza difícil de leer.
El prófugo, Xavier Magallanes, de 43 años, profesor de Educación Física de primaria, esperaba a los niños en el baño y les daba caramelos de menta “que sabían malo” y les hacían “ver borroso”. Cuando los niños estaban bajo la influencia de una sustancia que podría ser un sedante, entraban otros tres maestros de secundaria, Bryan M., 30 años, de Matemáticas; Eduardo B., 46 años, de Inglés; y Máximo M., de 45 años, de Educación Física, se desnudaban y desnudaban a los niños, y luego hacían cosas que grababan en video.
“Xavier Magallanes sacó su pene y se lo puso en la boca de un niño”. “También se ha metido mi pipi a su boca”. “Nos ahorcaba con una piola, nos orinaba en las nalguitas, nos tocaba las partes íntimas”. “Este señor Bryan M. me enseñó una foto de nosotros, nos grabó un video a los cuatro niños que estábamos ahí”.
Los niños dicen que un profesor tenía “una pistola negra” y otro “un cuchillo”. “Me dijo que si hablaba con mis padres me iba a matar con un cuchillo, que tenía una pistola para matar a mi familia”. “Cuando salga de la cárcel te mato” les decían a los niños.
Los padres de los niños añaden información que los pequeños van soltando. Dicen que en otras ocasiones, en una rutina sádica, Magallanes caminaba por las aulas de primaria preguntando a las maestras “a ver, ¿qué niño se ha portado mal hoy?”.
“Estaba buscando presas”, dice uno de los padres. Según los niños, Magallanes los tomaba de la mano y le decía a las maestras que se los llevaba al Departamento de Consejería Estudiantil, pero en realidad los llevaba al baño. Por esto, los niños pensaban que estaban siendo castigados por mala conducta. “Mi hijo pensaba que yo le iba a pegar, está tan avergonzado”, dice una madre.
Todos los niños relatan que los obligaban a beber orina y los grababan. Esta práctica aparece como un fetiche popular entre pedófilos que comparten imágenes en grupos de Whatsapp y Facebook.
“El profesor se desnudó y se metió con (nombre del niño) al baño y él gritaba durísimo y lloraba”.
Todo esto sucedió al menos 10 veces, en hora de recreo o de clases, con la puerta del baño cerrada, con un inspector parado a unos metros y varias maestras en aulas cercanas. ¿Y nadie vio nada? ¿Nadie escuchó los gritos?
Al final, los docentes les daban a los niños una pastilla “para que se recuperen”. Las madres empiezan a sospechar porque los niños llegan a la casa con vómito y muy agresivos.
Los exámenes médicos realizados a los niños en la Fiscalía indican que no hubo penetración. La instrucción fiscal, en la que se pedirá testimonios a todos los docentes terminará en enero, se investiga el delito de violación con varios agravantes. La pena máxima es de 22 años de prisión.
Justicia paralela
Un niño que parece Daniel el Travieso, con pelo claro, ojos color miel, pecas y gorra, está junto a su abuelo en la Fiscalía de La Merced, en Guayaquil. Es uno de los alumnos del réplica Aguirre Abad, tiene siete años y está inquieto porque le toca hablar con una psicóloga.
El abuelo cuenta que ha criado al niño desde que tenía un mes, que la madre emigró a España, y que aún no encuentra valor para contarle lo que le pasó en la escuela. “Estos desgraciados lo amarraban en el baño”, dice el abuelo. “Con un cable y con cordones de zapatos” completa el niño sin que le pregunten.
A unos metros, decenas de periodistas con cámaras cubren la declaración de la exrectora del colegio, destituida y acusada de obstrucción a la justicia.
El abogado Hernán Ulloa pide la palabra y hace una pregunta clave en este caso: “¿Si usted conoció de primera mano esas denuncias, por qué razón no lo denunció directamente en Fiscalía?”.
“Se notificó al distrito”, respondió la exrectora. “Informé y denuncié estos supuestos hechos de abuso sexual a la Directora Distrital de Educación”.
“Mi defendida es inocente”, aseguró Diego Véjar, abogado de la exrectora. “Su único error fue seguir las reglas del Ministerio de Educación”.
En el sistema de educación ecuatoriano funciona lo que puede describirse como un régimen de justicia paralela, con su propio proceso de denuncias, audiencias y sanciones.
Una contradicción legal sustenta este sistema: aunque el Código Penal (artículo 422) obliga a los educadores a denunciar un delito directamente en la Fiscalía, el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que rige desde 2011, dice en su artículo 355 que los educadores e incluso los estudiantes que sepan de acoso sexual contra alumnos “tendrán la obligación de denunciar al presunto hostigador ante la Junta Distrital de Resolución de Conflictos”. Es esa Junta Distrital, que no es más que un grupo de funcionarios que trabajan en la oficina que coordina los colegios del distrito, la que debe denunciar el caso a la Fiscalía, según la Ley de Educación vigente.
En el caso del réplica Aguirre Abad, la rectora recibió tres reportes sobre abuso sexual acusando al mismo profesor, en mayo, junio y octubre, y se vio obligada a reportarlo cuando la madre fue personalmente hasta el Distrito a preguntar si sabían del tema. Pero la Directora Distrital de Educación, hoy destituida, devolvió el trámite al colegio.
Sybel Martínez, doctora en Jurisprudencia y directora del Grupo Rescate Escolar, está recabando casos en que las Juntas Distritales de Educación, en lugar de denunciar al docente a la justicia, lo sancionan por su cuenta. En La Maná, Cotopaxi, 14 niñas fueron abusadas sexualmente por un profesor, la Junta Distrital destituyó al docente de la Unidad Educativa La Maná, pero se inhibió de denunciar a la Fiscalía. Ese docente sigue siendo “elegible” para el magisterio, porque no tiene una sentencia ejecutoriada en su contra.
En Machala, un directivo del colegio Ismael Pérez Pazmiño fue denunciado por acoso sexual. La Junta Distrital lo suspende temporalmente de sus funciones y mientras dura la investigación le da un cargo administrativo en el mismo colegio. La misma decisión toma la Junta Distrital de Morona Santiago, reubica a un profesor acusado de violación para que trabaje en la oficina del Distrito.
La Junta Distrital tiene 90 días para sancionar al maestro y si no lo hace, se declara vencido el trámite y el profesor vuelve a su puesto. “Es un sistema que permite total impunidad”, dice Martínez. “La Junta Distrital de Resolución de Conflictos debe resolver conflictos, no delitos. Se han cometido casos atroces en que la Junta Distrital llama la atención verbalmente a un maestro por abuso sexual”.
“Ningún reglamento educativo puede estar por encima de la Ley”, dice Ulloa. “Ha habido una doble normativa por un desconocimiento total de la Ley y también por el afán de proteger a ciertos servidores que forman parte de una red intocable que no podía exponerse a ningún cuestionamiento en el gobierno anterior”.
La Red
La exrectora del réplica Aguirre Abad admitió que consiguió ese puesto sin pasar por un concurso de méritos. Ella es parte de la Red de Maestros por la Revolución Educativa, un movimiento afín a Alianza PAIS, auspiciado por el anterior gobierno como estrategia para quitarle poder a la desaparecida Unión Nacional de Educadores.
En el apuro de reemplazar a los maestros afiliados a la UNE que fueron jubilados, se contrataron a miles de personas con nombramiento provisional, sin suficiente calificación. “Son 1.800 docentes sin título en el sistema educativo público, es un dato que sabemos”, dice Martínez.
En los últimos años se instauró un régimen de silencio. Un ‘Código de Ética’ que les prohíbe a los maestros hablar con la prensa. Los sumarios administrativos, es decir los registros de faltas y sanciones de los maestros, son confidenciales. La Ley de Educación pone una mordaza a docentes y testigos y les prohíbe divulgar las resoluciones adoptadas en casos de acoso sexual.
“Al parecer el ocultamiento de información era sistemático”, dice Rosa María Torres, pedagoga y colaboradora de Unesco. “Hay una falta de acción sobre los abusadores, hay impunidad, hay padres reclamando que sí denunciaron pero que no pasó nada”.
La historia laboral de un maestro tampoco es pública a menos que un padre de familia haga un trámite en el Distrito para obtenerla y tenga la suerte de que le respondan.
Si el proceso de contratación de docentes y su historia laboral fueran transparentes, el ingreso de Xavier Magallanes al colegio habría sido poco probable. Magallanes, de 43 años, tenía un título de “Tecnólogo Pedagógico en Ventas”, y fue contratado como profesor de Educación Física en mayo de 2013. Después de dos años en el colegio registra una licenciatura en Educación de la Universidad de Guayaquil.
Y la contratación de Bryan M., quien no registra títulos académicos, hubiera sido imposible. En su historial debe constar que en 2010 fue despedido del colegio fiscal Dr. Luis Felipe Borja Pérez por golpear a un alumno. El incidente fue reportado por escrito a las autoridades de educación de la zona. “Cuando yo vi a Bryan M. en las noticias, arrestado, no lo podía creer, yo pensé que ese hombre nunca más iba a dar clases”, dice una docente que trabajó con él.
El ministro Falconí ha anunciado una campaña de “cero tolerancia” contra el abuso sexual, y pide que de ahora en adelante se denuncien en la Fiscalía “todos los casos, sin excepción”. Pero los archivos del Ministerio de Educación con información de maestros que han cometido abuso sexual y otros delitos, permanecen en la sombra. El Código Penal ordena proteger la identidad de las víctimas, no de los acusados.
“Cualquier acto delictivo demanda una reparación integral”, dice Ulloa. " Estudiamos presentar una demanda al Estado por estas negligencias y estas normas contradictorias que vulneran la seguridad jurídica de los ciudadanos”.
En el parte policial de captura, Bryan M. reporta ser portador de VIH y estar en tratamiento con antirretrovirales. Las madres de los niños abusados lo saben y algunas les han hecho exámenes de sangre por su cuenta, pero esperan que la Fiscalía ordene un examen completo para descartar esta y otras enfermedades de transmisión sexual.
“Es una pesadilla que no termina”, dice la madre que denunció primero, y recuerda cuánto le insistió la exrectora que no haga escándalo. “Piensa en el buen nombre del colegio”, le decía. La madre, una mujer sencilla y lúcida, le respondió “¿y qué es el colegio si no son los niños?”.
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