La dosis diferencia un veneno de un remedio, escribió en el siglo XVI Paracelso, alquimista y médico suizo, quien inventó uno de los primeros analgésicos, el láudano, al mezclar opio y alcohol. Esta historia tiene dosis de ironía, de paradoja y de tragedia.
Un lote de paracetamol inyectable importado llegó contaminado hasta hospitales públicos. Mientras tanto, la facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central en Quito tiene un laboratorio equipado para control de calidad de fármacos, subutilizado.
No es la única paradoja. La gerencia del hospital Carlos Andrade Marín de Quito (HCAM, del IESS) declara que por mala gestión de sus antecesores se perdieron cuatro millones de dólares por medicinas e insumos caducados, pero 37 pacientes con enfermedades catastróficas obtuvieron sentencias para acceder a recetas que le cuestan 6,3 millones a esa casa de salud.
En el país, mil millones se destinan anualmente a medicinas, la mayoría importadas. El principal comprador es el sector público. Uno de los mecanismos de adquisición es la Subasta Inversa, a cargo del Servicio de Contratación Pública (SERCOP). La autoridad responsable de la calidad es la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA).
Dosis de ironía
El laboratorio de control de calidad está en la facultad de Ciencias Químicas de la UC. El especialista Yandri Infante explica que el objetivo es confirmar si un fármaco cumple con las concentraciones del principio activo que declara el fabricante: “La aspirina contiene ácido acetilsalicilico; la vitamina C tiene ácido ascórbico”.
Las pruebas en laboratorio miden parámetros físico-químicos, al igual que la humedad molecular, cuyo exceso puede generar contaminación bacteriana, explica la investigadora Jenny Murillo.
Parte de este equipamiento fue adquirido, a un costo de 250 mil dólares, por la UC, para monitoreo de fármacos.
El SERCOP realizó la Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos (SICM) en 2016. En octubre de ese año se firmó un convenio entre SERCOP y la entidad privada Intertek, que actuó como intermediaria. El equipo de la UC hacía las pruebas. “Nuestro laboratorio hizo un gran esfuerzo”, explica la actual decana, Martha Suárez. Según Murillo, “El control funcionó durante un año: a mediados de 2017 una de las muestras analizadas no cumplió con los estándares”. La empresa aludida no pagó por el servicio del laboratorio y la Facultad suspendió el control.
Silvana Vallejo, directora de SERCOP, afirma que la vigilancia se cumplió de octubre 2016 a octubre 2018 y abarcó 45 muestreos. “Los resultados fueron notificados a ARCSA para su verificación”.
En la Subasta Inversa SICM-340-2016, en 2016 se adjudicó un contrato para provisión de frascos de 100 ml de paracetamol líquido, inyectable, importado. El producto estuvo disponible para los hospitales públicos entre agosto de 2016 y mayo de 2017. Estaba contaminado. Tenía registro sanitario 2207-MEE-0616. Los frascos de este fármaco llegaron al hospital Militar, donde se detectó el problema. “El producto no volvió a estar habilitado en el repertorio de medicamentos”, asegura la titular de SERCOP. Tanto el artículo 6 de la Ley Orgánica de Salud como el decreto 1290, que crea a la ARCSA, definen los mecanismos para vigilar remedios.
Más aún, el art 76 del reglamento a la Ley de Contratación Pública establece mecanismos de control de calidad post registro aleatorios. Según el SERCOP, los proveedores de medicinas con problemas fueron declarados contratistas incumplidos y excluidos por cinco años de concursos.
El paracetamol contaminado, y la presencia de un antiséptico con bacterias en salas de cirugía fueron algunas de las razones por las cuales la exministra de Salud, Verónica Espinosa, fue llevada a juicio político en la Asamblea. A mediados de agosto fue censurada. Quien impulsó el juicio es la asambleísta Mae Montaño, ex CREO, hoy independiente.
Según el representante de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (ALFE), Miguel Palacios, “Es necesario que la agencia visite y controle las plantas que importan medicamentos comprados al exterior a través de la subasta, al igual que controla permanentemente a los laboratorios nacionales”.
Dosis de paradoja
Juan Páez Moreno, cirujano cardiólogo e investigador médico, es gerente general del Hospital Carlos Andrade Marín, del IESS. Es un centro de tercer nivel. Durante 2019 prevé adquirir fármacos e insumos por 184 millones. Páez explica el laberinto que debe seguir para adquirir medicinas: ínfimas cuantías para compras por emergencias; catálogo electrónico; subasta inversa; régimen especial e importación cuando no existe en el país.
Sin embargo, con la mano en el corazón, admite que hay “Presiones de farmacéuticas, que llaman a los pacientes para hacer mala campaña de los medicamentos genéricos, aunque tienen bioequivalencia y están validados”.
Los estudios de bioequivalencia no se hacen en el país, sino en Colombia. Cada análisis cuesta unos 60 mil dólares. “Garantizan que un medicamento es eficaz, tras comparar el genérico con el original”. “Como gerente del HCAM, solicito a la instancia del Gobierno que no solo se cree un área de bioequivalencia, sino que constituya una Secretaría de Compras Públicas para Medicamentos e Insumos, para que se acaben la presión y la coima”.
Desde que asumió su función, Páez ha enviado 17 reportes de irregularidades a la Contraloría. Muestra documentos según los cuales hay cuatro millones de dólares en insumos y fármacos caducados, para los cuales su administración pidió canje o devolución. “Los contratos no contemplaban esa figura; pedimos transparencia en estos procesos”.
“En el correísmo se compró medicina exageradamente, se adquirieron fármacos para siete años, como si las drogas no tuvieran fecha de caducidad. Se cerraron negocios con Enfarma (la farmacéutica ícono de la Revolución Ciudadana) por intereses de ese entorno presidencial”.
Cinco contratos entre el HCAM y Enfarma bordean el millón de dólares, fueron firmados en 2014.
La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) investigó cinco procesos de compra en el hospital Teodoro Maldonado Carbo (IESS – Guayaquil). Encontró que por “Inusitada falta de inventarios de urgencia médica”, se firman contratos a través de la fórmula de convenios de pago, de uso excepcional. El círculo de proveedores es reducido, e incluye casos extraños, como el de una persona cuya actividad económica previa era la elaboración de hamburguesas.
Dosis de tragedia
Tiene cinco años. No camina. Atado con un poncho sobre la espalda de su madre, Delia Flor, Dylan Tixilema no pronuncia palabra. Sus ojos miran fijamente por pocos segundos. Su condición es rara: lipofuscinosis neuronal ceroide tipo 2. Algunos la llaman enfermedad de Batten. Los primeros síntomas fueron los ataques de epilepsia.
Su padre, Carlos, es guardia de seguridad. La familia viajó de Guaranda para vivir en Ambato, pero los últimos años llega constantemente hasta Quito, en un peregrinaje entre juzgados, la fundación que los apoya y los hospitales Baca Ortiz y Carlos Andrade Marín.
“Tuvimos que acudir a la justicia para que obliguen al hospital del Seguro a pagar la medicina de nuestro hijo, su enfermedad sigue empeorando porque es degenerativa”, explica Carlos. En sus manos lleva una carpeta con la descripción del medicamento que requiere su hijo. Necesita un kit inyectable que contiene tres soluciones intraventriculares: dos paquetes al mes, 26 al año. Cada uno cuesta 28.637 dólares. En total, 744.562 dólares por año. “Pedimos que nos cumplan, la justicia ya está de nuestro lado”.
A decenas de metros de distancia, en la farmacia de consulta externa del mismo hospital mil pacientes por día esperan ansiosos recibir sus recetas.
Aparte están los pacientes que requieren los remedios más costosos. Entre ellos, quienes recibieron trasplantes (de riñón, hígado, córnea, pulmón), 47 en lo que va del año. Quienes tienen VIH, 1.150 en los primeros cinco meses de 2019. Y los enfermos de cáncer, 15.749 en el primer semestre del año.
¿Quién tiene prioridad? ¿A quién debe el Estado entregar medicinas y a quién debe negárselas?
El debate lo instaló la propia Corte Constitucional, a mediados de agosto. Desde una perspectiva de derechos, el acceso a la salud está consagrado en la Constitución garantista. Pero la plata del Estado no alcanza para todas las recetas.
La CC estudia cuatro nuevas causas sobre acceso a medicamentos para pacientes catastróficos. Los trámites están en fase de sustanciación.
Según la asambleísta Mae Montaño, la salida de la Ministra de Salud respondió a su falta de sensibilidad con los enfermos catastróficos: “Por no actualizar el cuadro de medicamentos básicos, e incluir los fármacos para los pacientes que sufren estas enfermedades tan graves. El Estado compra solo las medicinas del cuadro; hay un monstruo burocrático sin compasión con las víctimas”.
Pero Raúl Terán, profesor de farmacología y miembro del Observatorio de la Salud, plantea una visión distinta. “Cierta industria influye sobre grupos de pacientes para que presionen a través de la justicia, a fin de que el Estado garantice la compra de esas recetas. Juegan con la esperanza de esas personas”.
Solo en el hospital Andrade Marín de Quito, 37 pacientes con enfermedades catastróficas obtuvieron sentencias para acceder a 20 medicamentos que demandan 6,3 millones.
Terán fue representante de las universidades ante el Consejo Nacional de la Salud. Esta entidad define el cuadro de medicamentos básicos, que contiene cerca de 500 fármacos.
Ofrecer salud gratuita fue un discurso de la revolución ciudadana. No fue la cura de todos los males. ¿El remedio peor que la enfermedad? La promesa no sirve de nada, si no hay recursos optimizados, ni una política sostenida que garantice la calidad de los fármacos.
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