El oneroso costo de no invertir en salud sexual
A principios de año, en Ecuador se destapó uno de los peores casos de violaciones a menores al interior de sus propias familias. Algo que muchos saben, pero callan. El “Operativo Querubín” rescató a siete niñas y adolescentes que eran sistemáticamente violadas por sus padres, hermanos, tíos, y hasta vecinos, en el cantón Puerto Quito, al noroccidente de la Capital.
Una de las víctimas tuvo tres hijos con su propio padre, quien en octubre fue condenado a 29 años de prisión. Este quizá sea uno de los casos más atroces, pero ejemplifica lo que pasa en el país: cada día, cinco niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años se convierten en madres. Según datos del Inec, en 2020 se registraron 1.631 partos de mujeres de estas edades.
Si de por sí esa cifra ya es alarmante, cabe resaltar que el 80 por ciento de esos casos es producto de violencia sexual. Esto demuestra que el caso “Querubín” no es aislado. Muchas niñas estarán viviendo ese infierno ahora mismo. “La víctima vivía en un ambiente de violencia, el cual había sido normalizado, produciéndole una afectación psicológica. Su salud reproductiva y derecho a la educación fueron afectados”. Así reza el informe pericial realizado a la joven que debe criar a tres hijos de su propio padre y pensará que el incesto es lo normal.
Probablemente nunca podrá terminar la secundaria y no conseguirá un empleo. Pero el problema es más grande. A las niñas se suman más de 43 mil adolescentes de 14 a 19 años que dieron a luz el año pasado.
Muchos partos habrán sido fruto de violaciones y muchos otros por falta de educación sexual y métodos anticonceptivos. Este fenómeno hace que se repitan los círculos de pobreza. Y esto le está costando al Ecuador más de 380 millones de dólares cada año.
Una niña o adolescente, entre 10 y 19 años, que queda embarazada está sujeta a mayor probabilidad de mortalidad materna, lo que supone un costo social. Además, dejará la escuela o colegio, lo que truncará su proyecto de vida en busca de una carrera o profesión para tener independencia económica y aportar con impuestos al fisco. En lugar de eso, podría representar una carga para la asistencia social, cuando el Estado bien podría trabajar en prevención.
Son datos y conclusiones que arrojó una investigación en 2017, realizada por el Ministerio de Salud Pública y organizaciones no gubernamentales como Fundación Desafío y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).
Se determinó que otros 92 millones de dólares pierde el Estado Central en costos directos de atención médica prenatal y partos. Parte de este monto cubre la asistencia por embarazos que lamentablemente terminan en abortos inseguros: más de 1.900 casos en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años, según el informe. Uno de los grandes problemas es la falta de educación sexual y acceso a anticonceptivos.
Una encuesta en 2014 reveló que el 68 por ciento de mujeres entre 15 y 24 años no usó un método anticonceptivo en su primera relación sexual. Las principales razones que dieron fue nunca haber tenido información acerca de ellos y no poder conseguirlos. Esto hace que Ecuador esté entre los países con mayor índice de embarazo adolescente en la región junto a Venezuela y Bolivia.
HAY SOLUCIÓN
La solución es relativamente posible, pero a nadie parece importarle. El estudio planteó que el Estado, con apenas una inversión de 26,7 millones de dólares anuales para satisfacer las demandas de educación y planificación familiar, distribución de métodos anticonceptivos y asistencia médica, podría evitar gran parte de este problema y crear un mejor ambiente de desarrollo para las niñas y adolescentes.
“Pero no se ha hecho nada y la situación se agravó con la pandemia. Tenemos indicadores de que se redujo el acceso a anticonceptivos y en el año 2020 tuvimos 168 muertes maternas de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años. Es decir, 16 casos más que en 2019. Puede que este año incremente la cifra”, dice María Isabel Cordero, directora de Fundación Sendas.
Alerta que, si el gobierno no actúa, seguirá gastando millones de dólares en atención en lugar de invertir poco en prevención. Incluso existió un programa de “Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2018-2022”, más conocido como “Pipena”, pero no se ha podido poner en marcha.
“Era un programa bueno, con la participación del Ministerio de Salud, Educación, Mies y otras instituciones, pero en 2019 el gobierno anterior recortó todo el presupuesto y la actual administración no ha asignado nada”, dice Sybel Martínez, quien es parte de la Alianza por la Niñez y la Adolescencia.
Añade que un sinnúmero de casos está demostrando que, si antes de la pandemia, las niñas y adolescentes ya estaban en peligro, ahora prácticamente están confinadas con sus victimarios, pues ya no acuden ni a la escuela.
A inicios de octubre, se conoció de una niña de 12 años que intentó quemar la casa de su abuela, en Balao (Guayas). Las investigaciones demostraron que la menor fue abusada durante algunos meses por el esposo de la abuela, lo que generó esa reacción.
“Parece que ya nada conmueve. No hacen caso cuando hablamos de miles de niñas violadas. Tampoco parece que hacen caso cuando trasladamos estos problemas a cifras económicas y lo que podría ahorrar el Estado e invertir en otras cosas”, lamenta Sybel Martínez. Pero recalca que también es un problema que nos concierne como sociedad: abrir el debate de la educación sexual en los hogares.
