Dictan prisión a involucrados en el presunto secuestro de una niña de 2 años
Fiscalía procesó a dos personas por su presunta participación en el secuestro de una niña de 2 años, registrado este sábado 17 de julio. Aparentemente se la arrebataron a sus padres, luego de que estos salieran de un centro médico ubicado en el Guasmo, en el sur de Guayaquil.
La Unidad contra la Delincuencia Organizada de la Fiscalía del Guayas dispuso el inicio de una investigación, luego de conocer una denuncia ingresada por los padres de una niña de 2 años, en la que señalaban que su hija había sido secuestrada por dos personas.
Junto a la Unase –y con la ayuda de los padres de la menor– ubicaron a los ahora procesados, que fueron aprehendidos en un operativo en el sector de la Playita del Guasmo, la madrugada del miércoles 21 de julio.
Al ser detenidos, los procesados indicaron que la menor la abandonaron a pocas cuadras del sitio, por lo que la Policía se trasladó al lugar y la encontraron con familias del sector, que ya habían comunicado la novedad a las autoridades. La niña fue entregada a sus padres en el transcurso del día, luego del respectivo trámite judicial.
En la audiencia de flagrancia, desarrollada la noche del miércoles 21 de julio en la Unidad Judicial Sur Valdivia, el fiscal Franz Mendoza Piguave presentó como elementos de convicción: el parte de aprehensión y las versiones de los agentes aprehensores, versiones de los padres de la víctima (en las que reconocieron a sus victimarios), el informe de reconocimiento médico practicado a la menor y el parte investigativo levantado por la Unidad Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional (Unase).
El juez de Garantías Penales, Vicente Guillén, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Justin Xavier V. Q. y Jennifer Margarita A. V., contra quienes giró la boleta de detención y traslado a la Penitenciaria del Litoral.
La instrucción fiscal durará treinta días.
Este caso se procesó con base en el artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que se sanciona con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
