Dictan prisión a ex funcionario del Ministerio de Salud por falsificación de carnés de discapacidad
El juez Estalin Coronel, de la Unidad Judicial de Esmeraldas, dictó prisión preventiva contra Ángel Lenin L. L., funcionario del Ministerio de Salud, por presunta falsificación de documento público y acceso no consentido a un sistema informático, en concurso ideal de infracciones.
La fiscal Ana Hidalgo, de la Unidad Nacional Especializada en Investigación Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, le fórmuló cargos la tarde de este lunes 11 de octubre de 2021.
Durante la audiencia respectiva, presentó veinticinco elementos de convicción, entre los que se incluyen: la denuncia presentada por el Director Distrital 08D01-Esmeraldas del Ministerio de Salud, el informe técnico de las calificaciones de discapacidad fraudulentas, las versiones de la víctima y del equipo técnico de profesionales calificadores de discapacidad, el informe de los videos de las cámaras de seguridad del circuito cerrado del Centro de Salud Tipo C Las Palmas, la pericia de identidad humana que determina que las imágenes contenidas en los videos de las cámaras de seguridad corresponden con la persona procesada, la pericia de audio, video y afines al teléfono celular del procesado, la pericia informática de las computadoras del centro de salud, la pericia documentológica de los documentos forjados para las calificaciones de discapacidad.
Todos determinarían las irregularidades cometidas por el procesado, pues establecen que las personas calificadas con discapacidad no poseen dicha condición y accedieron a un carné.
La investigación del caso inició el 5 de julio de 2019.
No obstante, sobre este delito existen otras investigaciones abiertas y en marcha en la Fiscalía.
Ángel Lenin L. L. fue procesado con base en los artículos 328 (que tipifica al delito de falsificación de documento público) y 234 (acceso no consentido a un sistema informático telemático o de comunicaciones) del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en concurso ideal de infracciones.
El procesado podría enfrentar una pena privativa de libertad de cinco a siete años.
En febrero pasado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) presentó a la Fiscalía General del Estado (FGE) un informe preliminar que determinó irregularidades y presuntas responsabilidades en la emisión de carnés de discapacidad por parte del Ministerio de Salud Pública, desde el momento en que asumió la competencia sobre este proceso, en el año 2013.
