Contraloría confirma glosas por $ 15.4 millones para exfuncionarios de Empresa Eléctrica Centro Sur
Luego de una auditoría de la Contraloría General del Estado (CGE) a la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur se confirmaron responsabilidades civiles por $ 15’453.269 contra exfuncionarios que laboraron entre 2014 y 2019.
La sanción se desprende por pérdidas ocasionadas al Estado, debido a falencias y retrasos injustificados en la implementación de sistemas informáticos de administración de clientes y planificación de recursos, para empresas estatales de distribución eléctrica.
Las responsabilidades constan en cuatro resoluciones confirmatorias. La más alta, de $ 10’959.407, por la suscripción de una adenda que alteró las condiciones de ejecución del contrato y provocó que los sistemas no se hayan integrado a las operaciones de siete empresas eléctricas y diez unidades de negocio, de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).
Según la entidad de control, el expresidente de Centrosur, el exgerente del Proyecto de Mejoramiento de la Distribución, del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; el excoordinador general del proyecto del Sistema Integrado para la Gestión de la Distribución Eléctrica (Sigde) y el administrador del contrato, en sus periodos de actuación, no verificaron que el proceso se ejecute en los términos ofertados por la contratista.
Además, según la CGE, los productos no cumplieron las características requeridas ni fueron entregados en su totalidad, sin embargo, se efectuaron pagos por el valor de la responsabilidad civil.
También se confirmaron glosas de $ 2’483.395, por el incumplimiento de plazos para la integración de los sistemas informáticos para la administración de clientes, planificación de recursos, manejo del contenido empresarial y el desarrollo de mejoras informáticas. El monto corresponde a multas no cobradas, por retrasos de 175 a 360 días en la entrega de los productos.
Otra responsabilidad civil, por $ 2’010.467, se determinó por la suscripción, sin sustentos legales y técnicos, de un contrato complementario para la implantación de un modelo de procesos operativos único, en las áreas financiera, administrativa, presupuestaria, de planificación, gestión de proyectos y recursos humanos, de las empresas distribuidoras.
La auditoría determinó que no se realizaron los análisis sobre la factibilidad de desarrollar un nuevo sistema administrativo financiero, y que tampoco se consideró que las entidades beneficiarias del sistema (ocho empresas y 11 unidades de negocio de Cnel) mantenían un sistema jurídico distinto, con reglamentación interna y procesos propios, de acuerdo a la estructura de cada una.
Es decir, no tomó en cuenta que se requería la adopción de un modelo de procesos operativos, uniformes y compatibles, en las áreas administrativas y financieras de las compañías de distribución eléctrica. En consecuencia, se recibieron productos que no fueron de utilidad para las empresas.
Pese a las glosas establecidas por la CGE, la compañía responsabilizada tiene el derecho de impugnar este acto administrativo ante el ente de control, solicitando un recurso de revisión por la vía judicial o en los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.
