Contralor asegura que es preferible demoler edificios de Universidad Yachay, que restaurarlos
El contralor general del Estado, Carlos Riofrío, hizo un recorrido técnico, este martes 31 de agosto, en las instalaciones de la Ciudad del Conocimiento Yachay, ubicada en Imbabura, y recibió el reporte de avances de los exámenes especiales, que la Contraloría realiza a la universidad y a la extinta empresa pública Siembra, creadas como emblema del Gobierno de Rafael Correa.
Durante su recorrido, Riofrío dijo que, tras una auditoría a cinco edificios de Yachay, se determinó que sería más conveniente demolerlos, que repararlos. “Dicen que es muy costoso, que al final, es preferible demoler estos edificios, entiendo que son cinco edificios que están en la misma situación, y que, lógicamente no se les podría arreglar”, manifestó.
Las edificaciones presentaban desperfectos surgidos por cambios sin sustento técnico en los diseños de las fachadas; mientras que, durante su construcción, se detectaron deflexiones y fisuras en vigas, tramos de losas y gradas, añadió el funcionario.
En ese contexto, la Universidad Yachay y Siembra volverán a ser auditadas. Ambos exámenes especiales apuntan a analizar las operaciones administrativas y financieras ejecutadas por cada entidad, entre el 1 de septiembre de 2017 y el 30 de junio de 2021.
En Siembra (que actualmente forma parte de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología), la Contraloría analizará las contrataciones, efectuadas entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2021, para estudios, diseños, construcción y fiscalización del proyecto Programa de Infraestructura de la Ciudad del Conocimiento, Yachay EP.
Mediante esta auditoría, la entidad busca conocer si se respetó el ordenamiento jurídico y la normativa técnica en la contratación y ejecución de las obras y consultorías, así como la aplicabilidad de los diseños entregados por los contratistas.
En su recorrido, Riofrío recordó también que la Contraloría detectó anteriormente la existencia de irregularidades en la gestión de bienes y recursos públicos, por las cuales se determinaron responsabilidades por 43,9 millones de dólares.
Añadió que, en 2018, la Contraloría remitió a la Fiscalía General del Estado (FGE) un informe con indicios de responsabilidad penal, por las falencias en la construcción del auditorio y edificaciones para laboratorios, transferencia de tecnología, administración y gestión. Esa auditoría también arrojó las falencias en las cinco edificaciones antes mencionadas.
Entretanto, en 2017, según la Contraloría, se contrató los estudios de evaluación, diagnóstico de serviciabilidad, seguridad y lineamientos de remediación de los inmuebles. En ese momento, se concluyó que las falencias se originaron en errores y omisiones durante el diseño y recomendó realizar reforzamientos, sin embargo, a decir de la Contraloría, hasta la fecha de corte de ese examen especial (31 de diciembre de 20217), la recomendación no se cumplió.
En ese informe de auditoría se especifica también que, de no darse los correctivos necesarios establecidos por la constructora, no se justifica el desembolso del anticipo del contrato de obra por 31,4 millones de dólares. “Por lo que se confirmó una responsabilidad civil, en contra de exfuncionarios y contratistas, por el valor de la inversión”, señala la Contraloría.
