Contradicciones entre normativas y medidas para la compra de útiles escolares en escuelas particulares
Miguel Alvarado sábado, 15 agosto 2020 - 12:50
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A pesar de que el año escolar se realiza virtualmente, las instituciones educativas privadas han comenzado a exigir la compra de los libros escolares para seguir el pensum académico, según reportan padres de familia. Existe actualmente una contradicción con respecto a esta exigencia, por lo que los representantes han denunciado a algunos planteles particulares en el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG).
La entidad dispuso medidas de protección a los planteles que exigían la compra de los textos escolares. Dicha resolución se ofició al Ministerio de Educación para que se tomen los correctivos necesarios y se dispongan las sanciones en caso de ser correspondientes, según explicó Vicente Torres, secretario ejecutivo del CCPIDG.
La subsecretaría de Educación de la Zona 8 (incluye Guayaquil, Durán y Samborondón) explicó que no hay alguna disposición legal en la que se prohíba que las unidades educativas particulares pidan libros. El CCPIDG se basa en el Acuerdo Ministerial 00038 A del Ministerio de Educación, que regula la implementación de la educación abierta en el sistema educativo. Por su parte, la subsecretaría asegura que existe un nuevo memorando, emitido el 22 de julio, en el que sí se permite la compra de libros.
Los padres de familia han mostrado su sorpresa y desazón frente a esta exigencia. Según recabó casos el diario guayaquileño, El Universo, los padres de familia muestran su inconformidad por la rapidez de la exigencia, los costos y la situación en la que se encuentran algunos. De hecho, varias agrupaciones en Quito y Guayaquil se reúnen para protestar por el cumplimiento de la reducción de hasta el 25% en pensiones.
La Ley Orgánica de Ayuda Humanitaria, promovida por el presidente de la República, Lenín Moreno, establece en su artículo tres que las instituciones educativas otorguen rebajas de hasta el 25% con la justificación que los representantes de los alumnos demuestren haber perdido sus empleos o proporcionalmente reducido sus ingresos.
La preocupación se acentúa para el régimen Sierra – Amazonía, que dentro de un mes iniciará el nuevo año escolar. Aparte, en el último acuerdo ministerial se establece que las pensiones para la educación abierta serán del 65% y para la modalidad en casa del 30%. En el régimen Costa – Galápagos la medida regirá a partir del segundo quimestre.
