La disputa entre las figuras públicas Krystel Chuchuca y Mare Cevallos ha pasado del plano digital al ámbito legal. La abogada Karly Vargas, representante de Chuchuca, emitió un aviso extrajudicial de cese, retiro y rectificación dirigido a Cevallos, tras una serie de declaraciones que han sido calificadas por la defensa como "falsas, temerarias y gravemente lesivas".
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El conflicto escaló luego de una transmisión en vivo en la que Cevallos hizo referencia a la custodia de la hija de Chuchuca y a la supuesta falsedad de una denuncia judicial. Según el documento legal, estas afirmaciones no solo afectan la honra de la influencer, sino que constituyen una intromisión en procesos que se encuentran bajo conocimiento de las autoridades competentes.
Este cruce de declaraciones se da en medio de un proceso judicial que lleva la empresaria. El pasado 3 de abril, Chuchuca recuperó su libertad tras permanecer detenida 24 horas debido a un altercado en el Complejo Judicial de Samborondón, ocurrido durante una diligencia relacionada con el proceso penal que la empresaria impulsa contra el padre y el abuelo de su hija por presunto abuso de menores.
En dicha audiencia, un juez retiró una medida de protección a favor de la menor, lo que desencadenó un enfrentamiento físico donde se registró el uso de gas pimienta. Es precisamente este entorno de procesos penales abiertos lo que, según su abogada, hace que las afirmaciones de Cevallos sean "temerarias" y constituyan una intromisión ilegítima en la justicia.
Por ello, la defensa de Chuchuca sostiene que las frases atribuidas a su cliente durante el "live" de Cevallos relacionadas con la patria potestad carecen de veracidad. El documento legal enfatiza que la difusión de estos contenidos genera efectos colaterales como la estigmatización y la presión social en un caso donde la integridad de una menor de edad es la prioridad absoluta.
El aviso extrajudicial establece requerimientos formales con plazos perentorios para evitar el inicio de procesos civiles, penales y constitucionales. Entre las exigencias principales constan:
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La advertencia legal subraya que, de no cumplirse estas peticiones, se procederá con acciones judiciales por la posible vulneración de derechos y la "revictimización" de los involucrados. Hasta el momento, el tema se mantiene como tendencia en plataformas digitales, donde la opinión pública se debate entre la libertad de expresión y los límites legales frente a temas de custodia y denuncias familiares.