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Operativos han provocado USD 2.000 millones en pérdidas a las mafias de la minería ilegal

El Ministerio de Defensa indicó que cada intervención supone “territorios recuperados y flujos de financiamiento criminal neutralizados”.

El Ministerio de Defensa aseguró este jueves que la estrategia que ha desarrollado para combatir la minería ilegal a través del Bloque de Seguridad ha generado un impacto económico en grupos de delincuencia organizada de USD 2.000 millones en pérdidas.

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Según el reporte oficial, desde enero hasta noviembre de 2025, las operaciones militares y policiales han alcanzado un resultado que triplica la afectación económica registrada en 2024, que cerró con alrededor de USD 555 millones.

El Ministerio detalló que el trabajo del Bloque de Seguridad, que busca "asfixiar a las mafias", permitió desmantelar 41 dragas, 360 retroexcavadoras y 1.344 bocaminas, todas conectadas a redes de extracción ilegal y lavado de activos.

La ofensiva se ha extendido a todo el territorio, con intervenciones de alto impacto, como las siguientes:

  • Imbabura: La operación en Buenos Aires desarticuló estructuras que controlaban amplias zonas de extracción y que habían dominado el territorio por años.
  • Azuay: El operativo en La Chonta golpeó severamente a las mafias mineras del sur del país.
  • Carchi: Se frenó la expansión de nuevos campamentos irregulares y se bloquearon rutas usadas para transportar material aurífero.
  • El Oro: Los despliegues permitieron cortar redes vinculadas al contrabando y al lavado de activos.
  • Un despliegue permanente en todo el país

    El Ministerio indicó que cada intervención supone “territorios recuperados y flujos de financiamiento criminal neutralizados”. Además, apuntó que las operaciones están encabezadas por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, junto al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Henry Delgado Salvador.

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    El Gobierno del presidente Daniel Noboa mantiene —según el comunicado— una política de “tolerancia cero” frente a la minería ilegal, con el objetivo de restaurar la seguridad y evitar que estas actividades vuelvan a capturar territorios.

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