Seis personas fueron procesadas por su presunta participación en el asesinato de un joven de 22 años, ocurrido entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de julio en el cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha. Los implicados, entre ellos dos adolescentes, fueron aprehendidos en delito flagrante.
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A través de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED), se ejecutó un operativo dentro de una hostería en el recinto Santa Cecilia, que permitió esclarecer el asesinato con arma blanca, así como la aprehensión de los sospechosos.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, Fiscalía presentó elementos de convicción para sustentar la teoría del caso.
El hermano de la víctima, quien denunció el crimen, relató que tres vecinas fueron hasta su casa para informarle que varias personas estaban apuñalando a su hermano.
El hombre acudió al lugar acompañado por otras personas y, tras seguir un rastro de sangre entre la maleza, encontró el cuerpo sin vida de su hermano en el río El Negrito. Luego de alertar a la Policía, Fiscalía y los agentes iniciaron las primeras diligencias en flagrancia.
Como resultado, se aprehendió a cuatro adultos y dos personas menores de edad. Se trata de Luis Antonio T. B. (51 años) y sus cinco sobrinos: Carlos Andrés G. L. (18), Héctor Piere C. T. (19), Anthony David T. B. (18), R. I. B. T. (15) y M. A. T. B. (17).
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Entre los indicios incautados se encontraron dos armas blancas tipo cuchillo con manchas de sangre, dos armas de fuego artesanales tipo escopeta, y siete cartuchos de distintos calibres. También se halló un reloj dorado con manchas marrones, presumiblemente de sangre.
El informe de autopsia, presentado por Fiscalía, precisó que la víctima murió a causa de dieciséis heridas provocadas con cuchillos. Horas antes, la víctima y sus presuntos agresores habían estado libando en un billar de la localidad.
El Juez que conoció el caso de los cuatro adultos ordenó su prisión preventiva y anunció la apertura de una instrucción fiscal por treinta días.
Mientras que en una audiencia paralela, un Juez especializado dispuso internamiento preventivo para uno de los adolescentes y presentaciones periódicas para el otro, debido a que presenta un 45 % de discapacidad intelectual.
La Fiscalía procesa este caso como asesinato, según el artículo 140, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con veintiséis a treinta años de prisión a quien mate a otra persona aprovechándose de que la víctima se encuentre en situación de indefensión o inferioridad.