Depuración de jueces: Judicatura destituye a sentenciados del caso Plaga y por infracciones disciplinarias
"Con sus actuaciones, los servidores sancionados pusieron en tela de duda la imparcialidad y honestidad", concluyó la Judicatura.
[¡Estamos en WhatsApp! 📲 Empieza a seguirnos ahora🚀]El Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a cuatro jueces que fueron sentenciados por el delito de delincuencia organizada dentro del caso Plaga, una trama de corrupción que involucró a policías, abogados y otros funcionarios públicos, acusados de otorgar de forma ilegítima acciones constitucionales a personas privadas de la libertad.
La red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que los PPL (personas privadas de la libertad) obtengan libertad, a través de argucias y abuso del derecho, aparentando legalidad en estas acciones.
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Si bien los magistrados ya no ejercían sus cargos, estas sanciones, adoptadas por unanimidad, imposibilitan su retorno a la Función Judicial.
Jueces destituidos en el caso Plaga
Entre los jueces destituidos se encuentra Simón García, de la Unidad Judicial Multicompetente en materias no Penales y Adolescentes Infractores de Paján, Manabí.
Según la investigación, actuó como colaborador de una organización delictiva en calidad de coautor. Usó su cargo para liberar a personas vinculadas con dicha estructura, a cambio de pagos.
La Fiscalía identificó transferencias por USD 20.000 y USD 730 realizadas a su esposa en 2022 y 2023, respectivamente.
Su suegra recibió USD 10.000 en 2022, y una tercera persona fue beneficiaria de un depósito por USD 800 ese mismo año.
Además, entre 2022 y 2023, la esposa del juez le transfirió a él USD 4.260, en fechas que coinciden con la liberación de detenidos.
Otro destituido es Joffre Rivera, juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Chone, Manabí.
En 2023, recibió USD 10.000 de un abogado que fungía como intermediario entre los procesados y el juzgador.
Ese mismo año, un abogado recibió USD 15.700 de una mujer que se benefició de medidas constitucionales emitidas por Rivera.
Ángel Lindao, juez de la Unidad Judicial Multicompetente de La Concordia, en Santo Domingo de los Tsáchilas, también fue separado del cargo.
En 2023, el mismo abogado recibió una transferencia de USD 30.000. En 2022 recibió USD 2.000. El juez liberó a personas a pesar de estar procesadas por sicariato.
Las cuentas bancarias del juez sancionado se incrementaron debido a múltiples depósitos y transferencias de dinero relacionados con el caso.
Finalmente, Byron Orejuela, juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Flavio Alfaro, Manabí, fue apartado por haber liberado a privados de libertad que eran parte de una organización criminal. A cambio, recibió pagos. En 2023, una de las personas beneficiadas con su fallo transfirió USD 31.000 al abogado que aparece en varios de los casos.
"Con sus actuaciones, los servidores sancionados pusieron en tela de duda la imparcialidad y honestidad con las que debían actuar en cumplimiento de sus funciones", concluyó la Judicatura.
Otras destituciones
El pasado 1 de mayo, el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a Segundo Orlando T., juez de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar de Guayas-Sur.
En una causa laboral seguida por despido intempestivo, el juzgador incurrió en las infracciones disciplinarias gravísimas de error inexcusable y manifiesta negligencia, conforme lo determinaron el 15 de noviembre de 2024, los jueces de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas.
El error inexcusable se configuró en el momento en que el juzgador modificó una medida cautelar preventiva emitida por una autoridad competente. Es decir, hubo injerencia en la decisión adoptada por una jueza de la Unidad Judicial de Trabajo.
En cambio, la manifiesta negligencia se produjo, porque el servidor judicial conoció una acción de hábeas corpus el 7 de junio de 2024 y convocó a audiencia para el 13 de junio de ese año. Esta no se instaló y llamó para el 18 de junio. Tampoco se desarrolló y finalmente se fijó para el 27 de ese mes. Sin embargo, el artículo 89 de la Constitución de la República prevé que esta audiencia debe ser citada inmediatamente, dentro de las 24 horas después de interpuesta la acción.
En otro caso, el Pleno suspendió en sus funciones a la jueza de la Unidad Judicial Especializada en el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y el Crimen Organizado, M.F.C.A. La medida regirá tres meses e incluye su remuneración.
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