$100 millones costaría la nueva carretera, afectada por la erosión del río Coca
El proceso de erosión regresiva del Río Coca, que inició el 2 de febrero de 2020 tras el colapso de la cascada de San Rafael, en la provincia de Napo, ha causado diferentes afectaciones en las comunidades ribereñas y en la infraestructura estratégica.
Frente a la emergencia, el presidente de la República, Guillermo Lasso, lideró un gabinete estratégico, que se realizó de forma telemática este martes 11 de enero, en el cual se pasó revista a las acciones emprendidas por parte de los ministerios de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), Transporte y Obras Públicas (MTOP) y Energía y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR).
En lo concerniente a las medidas instauradas para garantizar la habitabilidad de los ciudadanos, especialmente de las comunidades San Rafael, San Luis y San Carlos; el MIDUVI junto con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias hizo el levantamiento de necesidades a 59 familias.
De ese estudio se desprendió la calificación de 17 beneficiarios de mayor riesgo para acceder a una vivienda gratuita. Para lograr este objetivo, el 2 de diciembre de 2021 se firmó un convenio con el municipio del El Chaco para recibir en donación los lotes en la urbanización “Marcial Oña” para reubicar a las familias. Asimismo, esta cartera identificó un sistema constructivo de emergencia prefabricado para construir y entregar las viviendas a los beneficiarios en máximo 40 días desde la fecha de contratación.
Por otra parte, en materia de infraestructura vial, se analizaron dos alternativas.
Según el Ejecutivo, luego de un riguroso criterio técnico se decidió la "solución más adecuada para garantizar la seguridad vial y la conexión de este sector", que vislumbra cambiar la ruta a la orilla contraria de la erosión.
Esta opción contempla una vía de 80 kilómetros, de los cuales los primeros 15 kilómetros en sentido Quito-Lago Agrio se encuentran aperturados con una vía de tercer orden y los últimos 20 kilómetros posee una vía ejecutada por CELEC, restando 45 kilómetros por intervenir desde cero.
Esta iniciativa tendría un costo aproximado de $ 100 millones y un tiempo de ejecución de 24 meses, con una vía que nace desde Santa Rosa de Quijos y termina en el poblado El Reventador.
Además, durante la cita se revisó lo referente a la producción nacional de petróleo, que este 2022 empezó con el reinicio de actividades de bombeo del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP Ecuador) del Poliducto Shushufindi – Quito y del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).
Con ello, este 11 de enero se registró una recuperación del 99 % con respecto a los volúmenes registrados antes de la paralización preventiva de los oleoductos que fueron afectados por la erosión del río Piedra Fina, en Napo.
A raíz del nuevo corrimiento de tierras en un afluente del río Coca, que amenazaba la integridad de las tuberías, se declaró la suspensión de operaciones en ambos oleoductos, lo cual provocó un descenso en la producción que solo en el caso de la estatal Petroecuador llegó a caer por debajo, incluso, de los 100.000 barriles diarios.
Con una producción diaria de unos 480.000 barriles de crudo antes de la última interrupción del bombeo, Ecuador tiene en la exportación petrolera una de las principales fuentes de ingreso de divisas y de financiación del presupuesto estatal.
Por último, el Gobierno Nacional informó que continuará desplegando acciones para atender esta situación de forma integral, cuidando el bienestar de los pobladores de zonas cercanas, la infraestructura vial, la conectividad de la provincia y la producción de petróleo.
