Llamó la atención el caso de la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC), que no alcanzó el puntaje mínimo para mantenerse en la categoría C. Ahora se encuentra en una “situación de irregularidad académica”, en espera de la evaluación obligatoria de 2018.
“En un informe preliminar que nos entregaron en febrero teníamos 49 puntos, pero en el informe final la calificación cayó a 34,91”, dice Cristian Tinajero, rector de la UTC. Denuncia que el modelo de calificación cambió a último momento, sin razón aparente, en perjuicio de la universidad que dirige. Sostiene que la mayoría de parámetros ya pasaron la evaluación de 2013 y la acreditación de la Extensión de La Maná.
A decir de Tinajero, el Ceaaces no considera, entre otras cosas, a 13 docentes que están cursando sus Ph.D. en el extranjero.
Para la UTC, las nuevas funciones de utilidad resultan demasiado exigentes. Necesitaría, por ejemplo, contratar por lo menos 110 profesores con título de doctorado, a tiempo completo. Esa inversión representaría un gasto del 35 al 40 por ciento del presupuesto institucional.
Francisco Cadena, presidente del Ceaaces, informa que simplemente se actualizaron las fórmulas de calificación o “funciones de utilidad”. Dice que en los informes preliminares nunca se puso una calificación y asegura que a todas las universidades se les advirtió de la medida, desde que empezó la evaluación en septiembre pasado. “No se podía calificar con los mismos parámetros de 2013”.
Carlos Larreátegui, rector de la UDLA, dice que
“no es posible meter a todas las universidades
en un mismo saco”. Foto: Segundo Espín
A este cuestionamiento se suma la UDLA, que tacha al proceso como un mecanismo discrecional para castigar a ciertos centros académicos.
“Teníamos más de 60 puntos en el informe preliminar. Incluso enviamos nuestras rectificaciones para mejorar la calificación. Pero el informe final nos dejó con 58,5 puntos”, dice Carlos Larreátegui, rector de la institución.
Añade que hay fórmulas subjetivas y discrecionales: “Por ejemplo, hay un indicador que se denomina ‘Información para la evaluación’. Una universidad puede sacar un valor de 80 por ciento, que parece bueno. Pero, luego de pasar por la función de utilidad, el valor que le da el Ceaaces es de 0,1 sobre 10, es decir el 10 por ciento”.
Por ello, Larreátegui, dice que la categorización de las universidades es una novelería de la Revolución Ciudadana. Su argumento: el ente regulador debería acreditar a las universidades para garantizar la calidad de la educación superior, pero no clasificarlas en categorías. “El Ceaaces trabaja con un modelo matemático único y no es posible meter a todas las universidades en un mismo saco”.
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