“¿Y por qué no puede ser la comunicación un servicio público, tal como lo es la salud?”, el presidente Rafael Correa lanzó la frase a fines de 2015. Su gobierno tenía ya un historial importante de colisiones con la prensa, la Ley de Comunicación llevaba dos años vigente y se habían creado la Superintendencia de Comunicación y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, organismos que tienen la autoridad de sancionar a los medios con multas y forzar la publicación de réplicas. No fue suficiente. Entre las 15 enmiendas a la Constitución impulsadas por el gobierno y aprobadas por la Asamblea Nacional, una de las más polémicas es la que convirtió a la comunicación social en un “servicio público que se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios.
El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana”. Así, según el Presidente, se logró que Especial década • Prensa 2007-2016 La prensa en resistencia En los últimos 10 años se ha instaurado un régimen de control y censura que ha entorpecido la labor y la investigación periodística. la comunicación deje de ser un “simple negocio en manos privadas”, “la información no solo es un bien indispensable para una sociedad moderna, sino que técnicamente es un bien público”, insistió.
Según la Constitución, el Estado es responsable de la provisión de servicios públicos y que debe garantizar su accesibilidad, calidad, además de establecer su control y regulación.
Varias organizaciones internacionales como Freedom House y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la ONG ecuatoriana Fundamedios advirtieron que esa norma era un retroceso en la protección a la libertad de expresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), añadió que la definición de la comunicación como servicio público no figura en ningún instrumento internacional de derechos humanos.
Carlos Lauría, coordinador del programa de las Américas del Comité para la Protección de Periodistas, dijo que la enmienda “podrá ser utilizada por el gobierno del presidente Correa como pretexto para continuar regulando a los medios e influyendo en la cobertura informativa de su gobierno”.
La otra censura
En medio de esta situación, Diego Cornejo, director ejecutivo de la Asociación de Editores de Periódicos (Aedep), ha llamado a la resistencia hasta que se derogue la Ley de Comunicación, por considerarla “un instrumento antidemocrático y restrictivo”. La resistencia ha sido el recurso de los diarios La Hora, sancionado por no cubrir la rendición de cuentas del Alcalde de Loja, y de El Universo, sancionado con el 10 por ciento de su facturación de tres meses por no publicar una réplica.
El año pasado, la Relatoría Especial para las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión y la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertaron sobre los “graves efectos que tiene la Ley Orgánica de Comunicación y su aplicación en la libertad de expresión en Ecuador”. “Su aplicación ha sido un instrumento para intervenir de manera indebida en el contenido de los medios de comunicación y sancionarlos, sobre todo cuando las coberturas son desfavorables o cuestionan los actos y decisiones del gobierno”, concluye el informe.
Uno de los principales efectos de las multas y controles que trajo la Ley de Comunicación fue la migración de varios periodistas de investigación y opinión a portales online. Surgieron páginas webs de denuncia como Focus Ecuador, Plan V, 4 Pelagatos y Fundación Mil Hojas, que publican información muy incómoda para el régimen y que han sufrido constantes ataques informáticos que constituyen “un sistema camuflado de censura que tiene como propósito silenciar al periodismo independiente y vaciar el contenido crítico de la prensa”, según el último reporte de la Sociedad Interamericana de Prensa.
.png)
.png)
