Un juicio por delito de cohecho es lo que enfrentarían la exasambleísta de Alianza PAIS, María Esperanza Galván, y otros dos procesados. La audiencia preparatoria se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia.
Allí, el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, acusó formalmente a los procesados. “Un delito que va a ser procesado y ha sido materia de investigación en ese ámbito”.
El 24 de mayo de 2015, en el marco del informe a la nación en el edificio de la Asamblea Nacional, el presidente de la República, Rafael Correa, afirmó que había detectado un caso de corrupción en las filas del movimiento Alianza PAIS. Minutos más tarde, la legisladora Galván fue detenida en Quito, y paralelamente el dirigente oficialista de Esmeraldas, Miguel Salvatierra, en Esmeraldas, y Walter De La Torre, en Ibarra.
La Fiscalía formuló cargos en contra de las tres personas por el delito de cohecho, tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por su vinculación en un contrato de servicio entre la Empresa de Agua Potable de Esmeraldas y una particular para el cambio de tubería en la capital de la provincia verde, por USD 23 millones.
Ramiro Román, abogado de la exasambleísta Galván, manifestó que no hay pruebas, pero que el juicio se esclarecerá la situación.
La instancia recayó sobre la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Sylvia Sánchez, quien decidiría la situación jurídica de los procesados. La audiencia, que fue suspendida temporalmente, se reinstaló a las 16:20.