Los colombianos son muy dados a las celebraciones desbordadas. En 2013 la clasificación al mundial de fútbol después de 16 años, dio origen a una celebración de tres días que dejó muertos y heridos. El miércoles 23 de septiembre se anunció la fecha para la firma de un acuerdo de paz con las Farc. Sería el primero con un grupo guerrillero desde 1991, después de tres años de negociaciones y tras 60 años de conflicto. Y no hubo ningún ambiente de fiesta. Hasta el presidente Juan Manuel Santos, que suele dejarse contagiar por la emoción de los triunfos, lució parco en el acto de La Habana en el que se firmó el crucial acuerdo sobre justicia. (Era la primera vez que un presidente colombiano se encontraba con un jefe de las Farc).
Ni los efusivos titulares de la prensa, ni las declaraciones emocionadas de los defensores del proceso de paz, pudieron ocultar el escepticismo de los propios involucrados, ni calmar a los opositores.
No solo porque, aunque importante, este fue apenas un punto más de la agenda y porque desde el comienzo se estableció que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, sino también porque así fuera ya “el fin del fin” como algunos llegaron a denominarlo, no hay garantía de nada. “Colombia ha firmado cinco procesos de paz en los últimos 30 años y aún el país no está en paz”, recuerda la periodista Claudia Palacios en su nuevo libro “Perdonar lo imperdonable, crónicas de una paz posible”.
Por eso las declaraciones del jefe de las Farc alias “Timochenko” a la exsenadora colombiana Piedad Córdoba en Telesur unos días después de la firma, en las que aseguró que “los seis meses (el plazo convenido para la firma definitiva) se nos pueden quedar cortos”, devolvieron la preocupación y llevan a preguntarse si no fue apresurado ese apretón de manos de Santos con el jefe guerrillero. En 1999 el entonces presidente Andrés Pastrana quiso sentar a su lado al cabecilla de las Farc “Tirofijo” para inaugurar los diálogos, pero éste lo dejó plantado. La imagen no se borra de la memoria de los colombianos.
Escepticismo. Muchos colombianos todavía son escépticos frente al
proceso. Recuerdan el intento fallido de un acuerdo durante el gobierno
de Andrés Pastrana en 1999. La cúpula guerrillera estaba dirigida
por su fundador Manuel Marulanda, alias “Tirofijo”.
LO ACORDADO
¿Pero qué fue lo acordado para que las partes y los gobiernos acompañantes le dieran tanto realce al acto y la comunidad internacional, con Estados Unidos al frente, lo celebrara?
Primero, que se hacía evidente que el proceso seguía vivo después de haber estado herido de gravedad en abril, tras la muerte de 11 militares en Cauca a manos de las Farc. Y segundo, que se fijara una fecha máxima, el 23 de marzo de 2016.
El tema de justicia era el más complejo por resolver: se trataba nada menos que de establecer si los guerrilleros pagarían por sus crímenes y si las víctimas serían resarcidas. Una comisión de juristas, tres nombrados por el Gobierno y tres por las Farc, lograron salvar en el último momento el asunto más crítico y concretarlo en un acuerdo de 75 puntos del que hasta la primera semana de octubre solo se conocía un comunicado.
Y lo que permitió conocer este documento corto es que Colombia creará una justicia especial para este proceso de paz, que se centre en la verdad, la reparación y la no repetición.
Se concederá amnistía para los delitos políticos y conexos. Hoy solamente se contemplan en esa categoría la rebelión, la sedición y la asonada pero no se sabe qué pasaría con el homicidio en combate, con el porte de armas y peor aún con el narcotráfico. (Las Farc esperan que se reconozca que debieron traficar para financiar su lucha política).
Otra propuesta de las Farc era que los únicos juzgados no fueran a ser los guerrilleros. En efecto el acuerdo también incluye a los agentes del Estado y a los civiles que hayan cometido delitos graves relacionados con el conflicto. (De inmediato surgió una polémica propiciada por el fiscal de la Nación, Eduardo Montealegre, quien dijo que el presidente Álvaro Uribe podría estar en esa lista. Se consideró una metida de pata del Fiscal puesto que los expresidentes gozan de un fuero constitucional, pero no deja de ser grave por la investidura del funcionario que la cometió).
Las Farc lograron otro triunfo importante al quedar expreso en el acuerdo que no habrá extradición para sus miembros, como sí ocurrió con los jefes paramilitares enviados a Estados Unidos después de acordar una desmovilización con el gobierno de Álvaro Uribe. (En ese punto el respaldo de Estados Unidos fue definitivo, pues es al fin de cuentas es el que pide las extradiciones).
Las FARC en su apogeo. Por ahora, el acuerdo concederá amnistía
para los delitos políticos y conexos, pero no se sabe qué pasaría
con el homicidio en combate, con el porte de armas
y peor aún con el narcotráfico.
La verdad será la tabla de medida para las penas. Los procesados que confiesen sus crímenes plenamente tendrán “restricción de libertad” en una zona especial. Se habla de colonias penales o de “municipio por cárcel”, según palabras del Fiscal. Si su confesión es parcial o tardía, pagarán entre cinco y ocho años en una prisión común. Y si no confiesan nada, serán condenados hasta por 20 años de cárcel.
¿Y quién impartirá esa justicia? Un tribunal especial de 20 miembros con hojas de vida intachables (algunos de ellos, no se dice cuántos, serán extranjeros). El punto de debate aquí es que los súper magistrados serán nombrados por una comisión con participación de las Farc.
Las Farc se comprometen a “dejar” las armas en un plazo de dos meses posteriores a la firma del 23 de marzo. No se especifica qué harán con ellas ni a quién las entregarán pero en todo caso no será al Estado. Pensar en la guerrilla más antigua y una de las más grandes del mundo sin un solo fusil dentro de nueve meses, no deja de ser sorprendente.
Pero el comunicado se refiere poco a lo que harán las Farc, con todo y su riqueza, para reparar a sus víctimas. Apenas se menciona la posibilidad de que los guerrilleros con libertad restringida podrían ayudar a reconstruir los pueblos que azotaron. Pero en declaraciones posteriores desde el lado guerrillero sugiere que toda esa responsabilidad debe ser del Estado.
Colombia está hoy en un cese al fuego, pero en medio de una intensa batalla política. Habrá elecciones regionales el 25 de octubre. Tanto a nivel local como internacional, los avances de La Habana han provocado diferencias y alianzas imprevistas. Han puesto en una misma línea a Obama, a Castro y al Papa. A Santos con las Farc. Y a un jefe guerrillero como Iván Márquez replicando un tuit de John Kerry. Ha unido por primera vez a Álvaro Uribe con su archienemigo José Manuel Vivanco de HRW y lo ha separado de su tradicional aliado Estados Unidos.
A una parte del país le ha costado trabajo ver a Santos saludando de mano a Timochenko. Pero debió ser duro para los militantes de las Farc ver a su jefe saludando al hombre que como Ministro de Defensa o como Presidente, dirigió los golpes contra Raúl Reyes, el “Mono Jojoy” y Alfonso Cano.
Una parte del país no confía en las Farc, pero otra parte también recuerda que cuando en los 80 esta guerrilla intentó hacer política, su movimiento Unión Patriótica fue exterminado por agentes del Estado en alianza con paramilitares, que sus candidatos presidenciales Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo fueron asesinados y que igual ocurrió con el candidato por el M-19, Carlos Pizarro, después de firmar la paz.
¿Qué le espera a este proceso a diferencia de los otros? Las partes le apuestan a que se corrigen errores, al carácter tan profesional que ha tenido la negociación, al blindaje frente a las adversidades, al respaldo decidido y experimentado de la comunidad internacional y al apoyo ciudadano manifestado en encuestas y en la reelección de Juan Manuel Santos. Aún así faltaría la refrendación popular del acuerdo.
La Unidad de Protección de Víctimas tiene en su página web (unidadvictimas.gov.co) un contador que se actualiza diariamente con el número de personas golpeadas por el conflicto. Al momento de escribir este artículo, las víctimas contabilizadas de la guerra en Colombia eran 7.620.114. Siete millones seiscientos veinte mil ciento catorce.(¡!)
El 23 de septiembre se abrió una nueva posibilidad de que esa cifra no siga creciendo. Pero sabiendo lo que significa que “un pan se puede quemar en la puerta del horno” pocos días antes el papa Francisco lanzó una advertencia desde la calurosa misa de La Habana refiriéndose al proceso colombiano: “No tenemos derecho a permitirnos otro fracaso”.
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