El expresidente Rafael Correa exigió que le presenten pruebas de que la ONU hubiera asesorado en la evaluación técnica de obras emblemáticas contratadas durante su gobierno. Aquí las revelamos.
Ocurrió el 22 de diciembre de 2017. Ese día el gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de Hidrocarburos y Petroecuador, firmó un convenio de cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). ¿El objetivo? Llevar adelante una contratación “ágil, competitiva y transparente de una evaluación técnica conducida por empresas internacionales especializadas”.
La solicitud no era gratuita. El gobierno que había asumido en mayo de ese año, con Lenín Moreno al frente, tenía razones para sospechar de sobreprecios en cinco obras emblemáticas contratadas por la administración de su predecesor. A saber: Refinería Estatal de Esmeraldas, Refinería del Pacífico, Planta de Gas Licuado de Bajo Alto, Terminal Marítimo de Monteverde, Poliducto Pascuales Cuenca. Solicitó la cooperación a la oficina del PNUD, invocando el eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 (que habla de transparencia), así como la agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que busca instituciones públicas “Eficaces, eficientes y transparentes”.
La oficina del PNUD recibió durante varios años consecutivos la categoría de “La organización más transparente a nivel mundial” por la International Aid Transparency Iniciative (IAIT). Su misión era apoyar con la contratación de empresas internacionales especializadas. En el convenio quedó en claro, sin embargo, que los hallazgos y conclusiones de las empresas evaluadoras no serían de responsabilidad de PNUD, sino de las firmas seleccionadas.
¿Cuál fue su objeto de estudio? “Analizar el desempeño de cada uno de los proyectos, verificando si se ciñeron a los términos de referencia, especificaciones técnicas originales y estándares técnicos y financieros internacionales, y determinar la situación actual de los proyectos, de ser el caso, las medidas para ponerlos en línea con estándares internacionales, así como una estimación de costos”. Gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Hidrocarburos y Petroecuador EP pidió la cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, para llevar adelante una contratación ágil, competitiva y transparente de una evaluación técnica conducida por empresas internacionales especializadas.
Hasta mayo de 2018, había 32 empresas internacionales interesadas en la licitación. En julio se preseleccionaron. Para mediados de octubre, las firmas evaluadoras ya habían empezado su trabajo. El costo global de la evaluación de los cinco proyectos bordeó los 3,3 millones de dólares.
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Estas fueron las evaluadoras
ICC-Tecnatom, consorcio español; evaluó Refinería Estatal Esmeraldas, Terminal Marítimo de Monteverde, Planta de Licuefacción de Gas Natural de Bajo Alto
La estadounidense ABSG Consulting Inc. auditó el Poliducto Pascuales Cuenca
Y la británica RPS Energy Ltd. investigó Refinería del Pacífico
Los hallazgos
La inversión final en los proyectos fue de 5.043 millones de dólares. Esto significó 1.390 millones más que el presupuesto original. Sin embargo, las evaluaciones técnicas establecen que el valor real debió ser la mitad.
En la Refinería de Esmeraldas: la rehabilitación costó 2.230 millones, pese a que el presupuesto inicial fue de 754 millones.
En la Refinería del Pacífico, el sobreprecio llega al 23 por ciento.
En el poliducto Pascuales Cuenca el presupuesto inicial fue de 250 millones, pero el costo final fue de 623 millones de dólares. Y hay graves fallas técnicas y de ingeniería.
En el terminal Monteverde, el valor pasó de 210 millones a 371 millones. También hay problemas en la obra, para proteger la estructura se contrataron trabajos adicionales por 21 millones.
Y en la planta Bajo Alto, la construcción tiene un sobreprecio de 36 millones (costó 76 millones) pero opera a la mitad de su capacidad, porque se está hundiendo.