En más de 200 morgues no había un manejo técnico. Las autopsias se realizaban en condiciones precarias. La insistencia de los familiares de personas extraviadas impulsó la creación de los nuevos centros forenses; esto ayudó a resolver 22 casos de desapariciones.
Llevaba cuatro años desaparecida y no se sabe cuánto tiempo pasó en la morgue como NN (cuerpo no identificado). El cadáver de Kerly Verdesoto Mendoza fue localizado en el anfiteatro de la facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil, en mayo pasado. La joven desapareció el 24 de septiembre de 2011 en Milagro (Guayas). Tenía 17 años.
Actualmente, antropólogos forenses investigan decenas de cuerpos que han sido encontrados en varias morgues del país, en allanamientos realizados por la Fiscalía y la Dirección de Delitos contra la Vida de la Policía. ¿El objetivo? Poner nombres y apellidos a los cadáveres de personas no identificadas.
Hasta hace poco más de un año, el manejo de los cadáveres se realizaba en condiciones deplorables en las morgues de 240 localidades, las cuales dependían de los municipios. Osamentas humanas esparcidas por el suelo, cadáveres en fundas plásticas, fosas comunes con restos óseos, cuerpos apilados en pisos sucios, locales con un solo mesón, paredes llenas de moho… Algunos ni siquiera tenían agua para limpiar los cuerpos o para que los médicos forenses se lavaran las manos durante las autopsias.
La mayoría se hallaba en el interior de los cementerios. Las condiciones eran tan precarias, que muchas no tenían sistemas de conservación, por lo que a las pocas horas eran sepultados en fosas comunes. En algunas zonas rurales se ponían los restos sobre una mesa, y con martillo, alicate y sierra los peritos examinaban los cuerpos de las personas fallecidas en circunstancias violentas.
En un allanamiento al anfiteatro de la Comisión de Tránsito de Guayaquil y al Cementerio General, efectuado a mediados de 2014, los fiscales encontraron nichos destapados con cuerpos en descomposición, fosas comunes con restos calcinados, una docena de cadáveres no identificados en frigoríficos.
En muchas morgues se constató la falta de prolijidad en el manejo de los archivos; los expedientes presentaban meses mutilados. En uno de los anfiteatros no aparecían los registros de 1999 y 2000, en otro no constaban datos de las personas no identificadas que habían sido inhumadas. En ciertos casos ni siquiera había archivos. Qué decir de las muestras de tejidos y de fluidos. En algunos casos eran envasadas en frascos de vidrio y colocadas en estantes, sin normas de seguridad ni de protección ambiental.
En esas condiciones se enfrentaban, cara a cara con la muerte, los peritos forenses (en ocasiones lo hacían aprendices o el panteonero) para averiguar las causas del deceso. Debido a las carencias, muchos informes de necropsias se basaban en deducciones y simples observaciones. “La mayoría de informes señalaba en que la causa de muerte era por paro cardíaco, pero casi nunca se confirmaba mediante análisis histopatológicos y químicos en algún laboratorio”, refiere un informe de la Fiscalía.
El manejo médico legal de los cadáveres es uno de los pilares para enfrentar el fenómeno de las desapariciones involuntarias. Cualquier falla o vacío en el sistema genera pérdida de información. Según voceros de las organizaciones de familiares, existen muchas probabilidades de que algunos individuos hayan ido a parar a las morgues como cuerpos no identificados (NN).
DOCENAS DE CASOS RESUELTOS
Este clamor impulsó a la Comisión de la Verdad, creada para encontrar a las personas desaparecidas, a pedir que la Fiscalía allanara las morgues y promover la idea de que era indispensable contar con un manejo profesional y digno de los cuerpos. Como primer paso se realizaron incursiones a 224 morgues. Aquello determinó una línea base para empezar a modificar una nefasta realidad.
El coordinador de Gestión de Recursos de la Fiscalía General del Estado, Santiago Velasco, cuenta que la práctica de esta actividad era dispersa. Muchas necropsias se efectuaban en hospitales públicos, con médicos legistas de la Policía o de la Fiscalía; otras, bastantes, las hacían médicos privados en los anfiteatros de los cementerios y cobraban a los familiares entre 400 y 500 dólares. Sin plata no había autopsia. Total, no existía una normativa ni un control adecuado. Así funcionaron las cosas por décadas.
Santiago Velasco, coordinador de Gestión de
Recursos de la Fiscalía General del Estado.
Para regular estas prácticas, en agosto del año anterior la Fiscalía expidió un Protocolo de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Paralelamente se inauguraron centros de investigación de ciencias forenses en varias ciudades. En una primera fase se construyeron tres y actualmente hay ocho, en Esmeraldas, Nueva Loja, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manta, Ambato, Loja, Machala y Cuenca. En esto se invirtieron 25 millones de dólares.
¿Por qué se escogieron estas ciudades? La selección se hizo de acuerdo a una estrategia territorial y porque las estadísticas reflejan en esos lugares las cifras más altas de muertes violentas por asesinatos, homicidios y accidentes de tránsito, con excepción de Quito y Guayaquil.
Según el Delitoscopio, que agrupa las estadísticas de delitos, Esmeraldas y Nueva Loja (frontera norte) se disputan los primeros lugares de la tasa de asesinatos y homicidios, mientras Ambato registra las tasas más altas de accidentes de tránsito.
Tras el cierre definitivo de la mayoría de las morgues municipales, los cuerpos son trasladados a los centros forenses más cercanos. Los nuevos centros tienen salas de tanatología equipadas con tecnología de punta y áreas de preservación. Las autopsias son realizadas por personal especializado y las muestras de órganos y tejidos son analizadas en laboratorios apropiados.
Asimismo, los médicos forenses deben llenar formularios con los datos de los cuerpos identificados. En los casos de cadáveres NN, las fichas incluyen fotos, huellas, registros dentales, y todos los datos que puedan dar lugar a una identificación; también se recolectan muestras de ADN para cotejarlas con los perfiles genéticos de familiares de desaparecidos.
Esto ha permitido determinar la identidad de 22 personas cuyo paradero era desconocido, cuando en realidad habían fallecido, cuenta Velasco. Estos casos formaban parte de las 1.088 denuncias de desapariciones involuntarias que investiga la Unidad de Personas Desaparecidas.
Cuando se trata de una muerte violenta, el cadáver le pertenece al Estado. Los familiares adquieren derechos solo después de practicada la autopsia. Por ahora todavía funcionan algunas morgues en ciudades pequeñas que tienen condiciones adecuadas.
Tres horas bastan para revisar al occiso y elaborar un parte médico que confirme las causas del deceso. El lugar es parecido a una sala de cirugía, el ambiente es limpio, con suficiente iluminación y purificación de aire. Esto contrasta con el aspecto sórdido de las morgues que funcionaban hasta hace no mucho tiempo.
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