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Los 92 agricultores ecuatorianos afectados hace varias décadas por un agroquímico de fabricación estadounidense dicen que "no se rendirán hasta que se haga justicia".
Piden apoyo al estado ecuatoriano para que su caso no sea olvidado.
Desde 1980, José Pacheco trabajó en varias haciendas bananeras de Naranjal, en Guayas. Se comprometió con esta labor por quince años.
“No, ahí no había seguridad. Manipulaba el veneno con las manos. Si no se trabajaba, no daban trabajo”, denunció Pacheco.
Pero nunca supo el riesgo que corría pues, al igual que miles de sus compañeros, usó el plaguicida dibromocloropropano o DBCP.
“Me pegó una infección fuerte. Me llevaron al hospital, ahí me atendieron y me acusaron de que había tomado veneno. El doctor me dijo, 'usted, ha tomado veneno, un veneno fuerte''”, recordó Pacheco.
El DBCP es de origen estadounidense pero su uso fue prohibido en 1975 por los altos niveles de toxicidad, comprobados por la Organización Mundial de la Salud.
Pese a esto, en muchos países de Latinoamérica se lo siguió utilizando.
Así lo revelan investigaciones de periódicos como The Guardian. Las pesquisas se realizaron en Nicaragua, donde las víctimas tuvieron el espaldarazo de su gobierno con la creación de la Ley Especial para la Tramitación de los Juicios de los Afectados por el uso del DBCP.
La mayoría de los afectados por este pesticida viven un barrio del recinto Puerto Inca llamado Pico. Sus historias han estado ocultas por más de dos décadas, dicen que han esperado demasiado y ahora quieren justicia.
Scott Hendler, abogado de las víctimas en Ecuador, cree que ese sería el apoyo que estos trabajadores necesitan.
“Pueden introducir los juicios en las cortes de Ecuador y también pueden aprobar una ley especial para darle a los trabajadores derechos, para continuar sus demandas contra las compañías de agroquímicos”, explicó Hendler.
Una de las organizaciones que acompaño a este grupo de agricultores fue la Fenacle, Federación de Trabajadores Agroindustriales Campesinos e Indígenas. Guillermo Touma fue su presidente y también exasambleista en el 2008.
Considera justa la propuesta de crear una ley.
“No por el dinero, si no para poner un ejemplo a estas empresas que producen estos venenos y a las transnacionales que lo traen al país. Yo creo que nosotros, el sector bananero debe de poner un ejemplo a nivel mundial sobre el uso de este producto que dejó estériles a miles de trabajadores”, expuso Touma.
La ley especial 364 de Nicaragua permitió que miles de agricultores sean indemnizados por los fabricantes de los letales agroquímicos.
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