Mayra Salazar, procesada por el caso Metástasis, teme por su vida y entregó un sobre cerrado
El pasado viernes 16 de febrero del 2024, la mujer debía relatar su postura frente a la acusación de presunta delincuencia organizada por parte de Fiscalía.
Ella quería revelar detalles del caso, pero a último momento desistió por cuestiones de seguridad.
Ante el fiscal delegado, Jefferson Aquieta, aseguró: “He recibido todo tipo de amenazas contra mi vida”.
“El día de ayer nos encontrábamos en un solo pabellón tres personas procesadas del caso Metástasis y en horas de la tarde y noche nos invaden en el pabellón con otras doce personas procesadas que ya se encuentran cumpliendo sus diferentes sentencias, señor fiscal temo por mi vida”, comentó la acusada, según un documento expuesto por la cadena Ecuavisa.
Posteriormente, permaneció en silencio y no contestó más preguntas durante la diligencia.
No obstante, horas después, su abogado entregó un sobre cerrado y en un escrito adjunto informó que contiene una agenda negra de tamaño pequeño con manuscritos con información.
El objeto fue ingresado bajo cadena de custodia al laboratorio de criminalística para someterlo a pericias.
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¿CUÁL ERA EL ROL DE MAYRA SALAZAR?
El Ministerio Público la describe como una funcionaria judicial de la provincia del Guayas que tenía contacto directo con Leandro Norero. De hecho, habrían mantenido una relación sentimental, según se observa en las conversaciones del celular perteneciente al narco.
Su rol de colaboración lo habría efectuado desde el ámbito administrativo, armando escenarios idóneos que podrían favorecer los fines de impunidad y libertad que pretendía la organización criminal.
Luego, la funcionaria identificaba a jueces dispuestos a ‘suicidarse’. La fiscal Diana Salazar explicó en la audiencia de formulación de cargos que esta estructura delincuencial llamaba ‘suicida’ a los magistrados que apoyaban la criminalidad a cambio de dinero o dádivas.
La titular de la Fiscalía General del Estado explicó que Mayra “negociaba de manera directa con jueces que estaban a cargo de los casos de Leandro Norero”. Incluso habría manipulado el sistema de sorteos para que los procesos caigan donde los jueces ‘suicidas’ de la Corte de Cotopaxi.
La procesada era una reconocida comunicadora, tenía una fundación y trabajó en el Parlamento Andino y la Corte Nacional de Justicia del Guayas.
Actualmente, permanece en la cárcel de Chillogallo, en el sur de Quito.
