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Todo empezó con el Plan Relámpago ejecutado al inicio de este gobierno por un ministro que venía del lado oscuro de la partidocracia. Con el apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército se emprendió en la rehabilitación urgente de la red de carreteras. La siguiente etapa fue reconstruir o ampliar las vías, pero sin rediseñar su trazado, aumentando con ello la velocidad y el peligro. En la vía Quito-Lago Agrio por ejemplo, se finalizó con una nueva y elegante carpeta de rodadura pero no se enderezaron las mil y un curvas que la caracterizan.
En algunos sectores de Manabí por primera vez se vio carreteras de hormigón, aunque la técnica no siempre lo recomienda por la característica expansiva de la tierra sobre la que se asientan. En algunos sectores de la Panamericana Norte encontramos funcionales autopistas, pero en otro eje vial crítico que atraviesa las provincias de El Oro y Los Ríos aún existen vías de dos carriles donde rebasar puede costar la vida. Solo en 2016, fallecieron 1.900 ecuatorianos en 30 mil accidentes. Las mayores inversiones se dieron en el sector energético.
En Monteverde, Santa Elena, se construyó un gran terminal de almacenamiento de gas licuado cuyo costo fue tres veces más del programado y cuya utilidad futura aún presenta dudas. En Manabí, se han gastado 1.300 millones de dólares en los preliminares de una gigantesca refinería de 300 mil barriles diarios para la que faltan dinero y petróleo. A más de preparar una explanada y una carretera de acceso cuyo tránsito es restringido, se ha construido un acueducto desde la presa La Esperanza, cuando Poza Honda —la madre de todas las represas— estaba a mitad de camino. Otros 1.200 millones se gastaron en la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, aumentando la producción, reduciendo los residuos, pero sin mejorar totalmente la calidad de los derivados obtenidos. En el camino se están descubriendo muchas irregularidades, coimas incluidas, en un sinfín de contratos firmados alrededor de los trabajos. Otra característica del gobierno ha sido hablarnos en megaconstrucciones.
La más impresionante es la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair que con las obras complementarias para la transmisión bordea los 3.000 millones de dólares. Puede producir 1.500 megavatios (1,5 veces más que Paute) pero solo en horas pico, no las 24 horas del día. Otras dos centrales están también terminadas y cinco más avanzan a menor voltaje. Resultado: Tenemos ya demasiada generación y el costo para el usuario no ha bajado. La inversión total se acerca a los 6.000 millones de dólares que los debemos a mediano plazo y a interés cuestionado. La exportación de energía, si bien ya empezó, es marginal y solo para paliar emergencias en países vecinos. Se gastaron 80 millones en dos aeropuertos, aunque uno —en Napo— no reciba vuelos. Todos los demás, operados por el Estado, fueron intervenidos. Embarcar con mangas o aterrizar en las noches ya no es exclusivo de Quito y Guayaquil.
Las ayudas electrónicas también se modernizaron. Volando en el Ecuador en aerolíneas comerciales grandes, nadie ha fallecido desde 1998. En seguridad, los más relevante fueron los más de 300 millones de dólares invertidos en el sistema ECU911 que vigila muchos rincones del país y se encarga de coordinar las respuestas a los pedidos de auxilio. Hay dos grandes centros espejo en Quito y Guayaquil y otros más pequeños en la mayoría de las capitales de provincia. Tal vez no tan visible pero no menos importante son los trabajos de control de inundaciones efectuados en Manabí, Cañar, Los Ríos y Guayas. Los cuatro proyectos sumaron 977 millones y cuya prueba de fuego debía ser el anunciado Fenómeno del Niño de 2016, que por suerte se alejó. Según la Secretaría Nacional de Planificación, entre 2008 y 2015 se destinaron 41 mil millones de dólares a la inversión pública.
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