¿Por qué Ecuador perdió todos los juicios contra los Isaías?
Tras haber recibido un banco maltrecho hace 24 años, el Estado no pudo ganar un solo juicio en contra de los exaccionistas del Filanbanco. Ahora no solo demandan que les devuelvan todo, sino una cifra tres veces superior al cálculo de perjuicios que hizo una consultora internacional.
Empezaba diciembre de 1998 y el país estaba optimista porque 35 días antes se había firmado la paz definitiva con el Perú y eso significaba el fin del gasto militar desmesurado y la pérdida de vidas humanas en los recurrentes conflictos. Nadie imaginaba que otra desgracia y mucho mayor estaba ya en su punto de ebullición. La crisis bancaria se empezó a cocinar casi en secreto. Cuando explotó, cayó la mitad del sistema financiero nacional. El más grande entonces era el Filanbanco. El primer error fue no haberlo cerrado ese día dos de diciembre en que los accionistas abandonaron su barco.
Las catastróficas consecuencias aún no terminan... En 2022, los expropietarios del banco, los hermanos Roberto y William Isaías han demandado al Estado por no menos de 2.000 millones de dólares. Piden que los ecuatorianos les paguemos ese valor como una medida de reparación “por los daños causados” tras la incautación de sus bienes hecha por el correísmo. Para “indemnizarlos” tendríamos que dejar sin educación durante al menos un año a escolares y colegiales del país o, empezar a pagar 15 por ciento de IVA durante un año.
LA CRISIS
Quizá todo empezó cuando la Constituyente de 1997 incluyó la transitoria 42 que facultaba temporalmente al Banco Central a hacer lo que el artículo 256 expresamente prohibía: dar préstamos a bancos en problemas.
Amparado en esa norma, el Central entregó 440 millones de dólares que no fueron suficientes porque los problemas continuaron. En paralelo se tramitaba en el Congreso Nacional una Ley de Garantía de Depósitos. La idea, por recomendación de los organismos multilaterales, era crear un fondo disponible en el “hipotético” caso de que un banco quebrara. Más tardó la Ley en imprimirse en el Registro Oficial que el primer banco en caer en sus manos. La Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) no tenía ni un escritorio y menos un directivo.
Ese ente inexistente recibió “en reestructuración” al mayor banco del país. La Ley en sus primeras versiones solo incluía la figura del saneamiento que implicaba el cierre. Pero en las discusiones presididas por diputados socialcristianos, se incluyó la reestructuración como otra alternativa. Y para Filanbanco esa fue la opción. El discurso más repetido de los expropietarios y de sus abogados es: “Entregamos un banco abierto y en funcionamiento”.
Para mantenerlo abierto, el Estado necesitó el primer día, una carga de oxígeno de 140 millones de dólares adicionales. Ese mismo dos de diciembre se decidió que una consultora internacional determine la situación real del banco. Lo hizo la Deloitte dos años después. El examen arrojó un hueco de 661 millones de dólares.
A cargo del Filanbanco quedó la AGD que tuvo como su primer gerente a un familiar del entonces alcalde, León Febres-Cordero. Un escritorio prestado, en la sucursal mayor del Central en Guayaquil, fue la primera oficina. Desde allí se designó como apoderado de Filanbanco a un hombre de confianza de los antiguos accionistas, al gerente de Filancard, la tarjeta de crédito que emitía Filanbanco. En esos primeros meses se refinanciaron créditos vinculados a siete años plazo con tres más de gracia.
LA PUS INTERIOR
La auditoría que nunca fue cuestionada reveló que el 68 por ciento de los créditos revisados no tenía consigo la información financiera de los clientes, o estaba desactualizada o era deficiente. Que no se había hecho un balance al dos de diciembre y que el más cercano que había era del 30 de noviembre y sin las firmas de los representantes legales del banco.
“Observamos renovaciones constantes de las operaciones de crédito las mismas que se evidencia no fueron otorgadas en base a la capacidad real de pago de los clientes. Además, se revelaron 168 operaciones que no tenían garantías reales o eran insuficientes. Y había más: “El dos de diciembre se contabilizan varios asientos de diario los cuales afectan significativamente los saldos de las cuentas”. Hubo, según Deloitte, depósitos por 232 millones “que no detallan la identidad de los depositantes”. Y pagos por 91 millones “sin especificar beneficiarios”.
La auditoría fue entregada a la AGD y mantenida bajo llave siete años. La desempolvaron para justificar la incautación efectuada en septiembre de 2009.
¿POR QUÉ SE PERDIERON LOS JUICIOS?
Desde todos los sectores se pedía mano dura y todo el peso de la Ley. El juicio contra los hermanos Isaías se lo planteó por peculado y se le añadió un adjetivo, peculado bancario. Se traduce en mal uso de los dineros prestados por el Banco Central. Hasta en los Estados Unidos, lugar de residencia de los expropietarios, se instauraron juicios. En 2008, en pleno auge del vendaval llamado Rafael Correa se intentó hacer justicia por propia mano.
La AGD estableció el monto del perjuicio desempolvando la auditoría de Deloitte. Debían al Estado 661,5 millones de dólares. Para cobrar ese valor el gobierno armó un mega- operativo que incautó todos los bienes de los que directa o indirectamente eran propietarios.
Así pasaron a mano del Estado dos canales de televisión, una industria azucarera, una distribuidora de maquinaria pesada, haciendas y acciones en más de un centenar de compañías. En paralelo la Asamblea Constituyente apoyó con un mandato que prohibía que los jueces dieran paso a cualquier reclamo sobre las incautaciones. Un tiempo después llegó la condena por peculado, los culpables habían sido sentenciados. Pero tras bastidores ellos presentaron una demanda ante un tribunal de las Naciones Unidas que finalmente les dijo que fue injusto que la Constituyente les haya quitado el derecho al pataleo.
Un error aprovechado por la defensa fue que los diferentes organismos del Estado nunca se pusieron de acuerdo en cuál era la cifra real del perjuicio.
La auditoría habla de 661 millones y en base a eso se incautó. Luego la Contraloría hizo un examen especial, dijo haber encontrado un saldo a favor de los Isaías por 127 millones y rebajó la deuda a 477 millones de dólares. Ese saldo fue considerado un registro contable y en base a eso se inicia un juicio coactivo de cobro en abril de 2012. Pero cinco meses después la UGEDEP, sucesora de la AGD revisó las cuentas y emitió otra resolución que elevó el reclamo a 1.088 millones de dólares. Los abogados de la familia Isaías sostuvieron que el único título de crédito existente era el de 477 millones.
Como no hubo acuerdo de pago se iniciaron juicios de insolvencia que además permanecieron fuera del radar público. Eso aprovecharon para solicitar que un “síndico de quiebras” realice una valoración de los bienes incautados que dio como resultado que no podían ser insolventes porque los activos valían más que lo que el Estado reclamaba. Juicios perdidos.
Para colmo de males, en 2021 un alto tribunal de la Corte Nacional de Justicia les restituyó la inocencia porque el juicio de peculado bancario, a criterio de los jueces se había tramitado por un delito que al momento de la infracción no estaba tipificado. La contrademanda no se hizo esperar y ahora reclaman “reparaciones” y plantean la posibilidad de que les devuelvan todo lo incautado como parte de pago.
El abogado de los Isaías, Ricardo Noboa Bejarano, intenta ser conciliador e invita al Estado a conversar. “Tampoco se pretende llevar esto a un proceso sumamente duro y el país no está tampoco para eso”, dijo. ¿Será de creerle?
