Marcelo León Jara, el hombre que fue tentado con un millonario soborno, pero se atrevió a denunciarlo.
Marcelo León Jara, al igual que muchos ecuatorianos, estaba cansado de la vieja política y las injusticias, y apoyó la candidatura de Rafael Correa en 2006. “Aunque no estaba de acuerdo con su prepotencia, era una oportunidad para cambiar el país”, dice.
Nunca se imaginó en lo que terminaría ese experimento político. León, economista de profesión, fue designado como director regional del Servicio de Rentas Internas (SRI).
En 2008 supo en carne propia lo que era la política real. En reiteradas ocasiones, emisarios del poder político le pidieron “agilitar” un trámite de una deuda tributaria que una conocida empresa constructora mantenía con el SRI.
Él había informado a sus superiores. Hasta que un día le ofrecieron un maletín con 12.500 dólares. Alertó a Fiscalía y la policía colocó micrófonos en su oficina y así fue detenido Arturo Moreno Encalada, primo del entonces vicepresidente Lenín Moreno.
Fue un escándalo. El segundo mandatario deslindó responsabilidades y pidió investigar hasta las últimas consecuencias. Según copias del parte policial y del proceso fiscal, que todavía conserva León, Moreno Encalada reconoció que el maletín era suyo, pero un juez lo sobreseyó del delito de cohecho con el argumento de que la grabación en la que el procesado ofrecía el soborno fue realizada sin su consentimiento.
“Hay una costumbre atávica en el país de quienes tienen el poder político y económico, lo usan para presionar que se hagan las cosas a su interés. Pero hay quienes tenemos dignidad y eso no se negocia”, reflexiona León.
Lo desvincularon del SRI en 2012. Desencantado de la Revolución Ciudadana, pues luego del episodio con el primo del Vicepresidente y tras algunas revelaciones que salpicaron al gobierno en sus primeros años, supo que el cambio no era el prometido.
Sin embargo, todos esos hechos volvieron a su mente en 2018, cuando la Contraloría le comunicó que había iniciado un examen al SRI y que él, como exfuncionario, estaba implicado.
FACTURAS FANTASMAS
En resumen, los resultados de la auditoría develaron que 37 contribuyentes presentaron facturas fantasmas al SRI. El ente de control concluyó que el perjuicio para el Estado fue de 14,7 millones de dólares.
León no salía de su asombro por dos motivos. Su vinculación en la auditoría era errada porque analizaba el período de 2012 en adelante. Es decir, posterior a su salida de la institución. Y por otra parte, él mismo, como director regional del SRI, había identificado y denunciado a empresas que hacían uso de facturas fantasmas.
Aunque León sabía que no podía ser sancionado por ese informe de Contraloría, asistió a presentar sus descargos en el ente de control para saber cómo el SRI no advirtió sobre las facturas fantasmas.
La única explicación que dieron los funcionarios del SRI fue que no tenían la capacidad para hacer esos controles, cuando entre 2009 y 2012 él mismo hizo denuncias a Fiscalía por este tipo de defraudación tributaria.
Para León quedó claro el panorama cuando en 2019 explotó el escándalo de Arroz Verde: trama de corrupción en la que el correísmo y empresas que recibieron contratos del Estado cruzaron millonarias facturas para las campañas electorales. Eso no parecía coincidencia pues el SRI habría podido detectar esas facturas cruzadas, pero perdió o anuló esas capacidades.
Casualmente, algunas de las empresas que estaban relacionadas con las facturas fantasmas, aparecieron en Arroz Verde. La corrupción es abrumadora, dice, y todo esto lo motivó a escribir el libro “Entre Marx y un SRI desnudo”, en el que denuncia y cuenta su experiencia.
Para León, Ecuador está atravesando una de las etapas más negras de su historia. Los atracos de cuello blanco están dando un mensaje de familias enteras entregadas a la industria de la corrupción.
“Imagine usted cualquier caso: Verá que están involucrados los tíos, hermanos, hijos, padres, suegras, esposas... ¿Qué nos está pasando como sociedad?”.
LOS INFORMES A DESTIEMPO
Después de las facturas fantasmas y el informe de Contraloría entendió otra posible trama. Cuando le entregaron los resultados de la auditoría, había un hecho curioso: el informe se aprobó a destiempo, es decir más de 210 días después de iniciado el examen.
En teoría, si no cumple con los plazos sería inválido y no se podría ejecutar el cobro de glosas o sanciones. Poco a poco, León empezó a procesar la información de 400 informes escogidos al azar como muestra y detectó que el 45 por ciento fueron aprobados a destiempo.
El juicio político al excontralor Pablo Celi, a mediados de este año, lo motivó a seguir con esta investigación. Trascendió que existirían más de 1.000 informes con esta anomalía.
“Pero fue raro que no se dieran detalles y que ninguno de los interpelantes del juicio y el resto de asambleístas hiciera alguna pregunta al respecto”, dice León.
¿Qué pasa con estos informes y las millonarias glosas que no podría cobrar la Contraloría, si se emitieron a destiempo? Consultado por Vistazo, el actual contralor, Carlos Riofrío, dijo que no hay ningún problema: si un examen detecta un indicio de responsabilidad penal, eso se deriva a Fiscalía y no tiene fecha de caducidad.
En el caso de las glosas, dijo que se puede auditar hasta siete años después del hecho, así que la glosa se puede cobrar hasta que se cumpla ese período. De todos modos, afirmó que la entidad está levantando toda la información al respecto.
“Pero, entonces para qué la Ley fija plazos si no se cumplen. Es un absurdo”, cuestiona León. En el nuevo libro que prepara intenta llegar a estas conclusiones: ¿Qué está pasando con esos informes “fantasmas” que no tendrían validez? Son miles de millones de dólares que se auditan cada año. ¿Qué pasa si una auditoría detecta glosas a destiempo? ¿Alguien se está beneficiando de esos retrasos?
“En este país parece que todo está patas arriba y la sociedad se está acostumbrando”, cuestiona. Seguirá escribiendo y publicando sus hallazgos. Es su forma de levantar la voz contra la corrupción.
