¿El lunes 6 de febrero será día de descanso nacional? CNE aprueba resolución para que se suspenda la jornada de trabajo
En sesión ordinaria efectuada este miércoles 25 de enero, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó un informe para solicitar al Ejecutivo que se suspenda la jornada de trabajo del lunes 6 de febrero, día posterior a las Elecciones Seccionales, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y Referéndum 2023.
El informe detalla que las actividades que cumplirán los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) se iniciarán el domingo 5 de febrero, desde las 06h30, pudiendo extenderse hasta el día siguiente.
De conformidad con el análisis técnico, se determinó que el tiempo utilizado para el escrutinio simultáneo de las dignidades seccionales es de 05:58 horas; para el Referéndum y CPCCS es de 05:34 horas, con la participación de los cinco MJRV, en grupos de trabajo de dos y tres personas, respectivamente
También se indica que para los comicios se activarán 4.380 recintos electorales, de los cuales 4.013 son unidades educativas, 63 universidades y 304 infraestructuras de otro tipo, las mismas que, después de la jornada democrática, deberán ser adecuadas, lo que incluye la respectiva limpieza para su normal funcionamiento.
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El informe concluye que las actividades operativas, logísticas y humanas desarrolladas por los MJRV podrían prolongarse por varias horas; además, se considera la jornada electoral en la que participará la ciudadanía en general.
En tal sentido, se solicita al Presidente de la República Guillermo Lasso que, en el ámbito de sus facultades constitucionales y legales, suspenda la jornada de trabajo del lunes 6 de febrero de 2023 (recuperable) para el sector público y privado.
En los comicios se elegirán a 23 prefectos y viceprefectos; 221 alcaldes; 864 concejales urbanos; 443 concejales rurales; 4.109 vocales de las juntas parroquiales y, 7 consejeros principales y suplentes del CPCCS.
En la misma fecha también se llevará a cabo el referéndum impulsado por el Gobierno para modificar la Constitución en materia de seguridad, instituciones y medioambiente, donde consultará medidas como permitir la extradición de ciudadanos ecuatorianos requeridos por otros países por narcotráfico y crimen organizado.
