Asamblea envía al Ejecutivo ley que busca proteger a las micro y pequeñas empresas
La Secretaría General de la Legislatura envió al Ejecutivo el proyecto de Ley de Pagos en Plazos Justos, Primero las MYPES, que fue aprobado por unanimidad en el Pleno de la Asamblea Nacional y enfocado en la estabilidad económica de los pequeños productores.
Según el Legislativo, la normativa, tramitada en la Comisión de Desarrollo Económico, pretende solucionar la problemática de liquidez que afecta la economía y supervivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas, las organizaciones de la economía popular y solidaria; y, de la agricultura familiar campesina que en la actualidad deben esperar tiempos excesivos por el pago de sus productos o servicios.
El articulado crea un marco de protección para este sector de la economía, incorporando la obligación legal de pago en plazos justos.
En vista de aquello, las grandes empresas y las entidades del sector público, en sus relaciones contractuales directas con las MYPES, tendrán un plazo fijo para pagar los valores pendientes desde la fecha de recepción de las mercancías, la terminación de la prestación de los servicios o la emisión de la respectiva factura.
De esa manera, en sus relaciones contractuales directas con personas naturales o jurídicas de este sector económico tienen un plazo de 45 días a partir del primer año y 30 días a partir del segundo año para realizar los pagos.
Entre otros aspectos, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los gastos de cobro, debidamente acreditados, en los que haya incurrido en caso de mora.
Además, las instituciones de la Función Ejecutiva crearán un distintivo no económico para reconocer a aquellas empresas públicas o privadas que atiendan en plazos menores o iguales a 30 días, el pago de sus obligaciones a las MIPYMES, de la economía popular y solidaria, y de la agricultura familiar campesina.
El Ejecutivo tiene 30 días de plazo para sancionar u objetar el proyecto de ley, de conformidad con lo que establecen la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
