El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió este miércoles 15 de julio negar la entrega de formularios para la recolección de firmas en el proceso de revocatoria de mandato de Daniel Noboa.
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En la sesión, el pleno consideró que la solicitud de la plataforma Revoca EC, encabezada por el líder indígena Leonidas Iza, no cumplía con los requisitos legales, entre ellos no demostrar el incumplimiento del plan de trabajo del Gobierno.
El CNE consideró que no se demostró el incumplimiento del plan de trabajo ni de las funciones y obligaciones del presidente establecidas en la Constitución.
Asimismo sostiene que la solicitud no cumplió lo dispuesto en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y del Reglamento del Ejercicio de la Democracia directa.
Iza, excandidato presidencial y expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), fue en junio pasado al CNE para la presentación de la iniciativa, denominada 'Revoca EC', que la integra también el abogado Washington Andrade.
CNE aún debe resolver otro proceso de revocatoria
Una fuente del CNE dijo este miércoles a EFE que aún está pendiente el análisis de un segundo pedido de revocatoria de mandato de Noboa, interpuesto por organizaciones sociales, que debe resolverse hasta el próximo 28 de julio.
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La semana pasada, el Gobierno solicitó al CNE que desestime y ordene el archivo de ese segundo pedido para iniciar un proceso de revocatoria de mandato de Noboa, interpuesto por la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin) y algunos de los principales sindicatos del país.
El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, dijo entonces que la normativa señala que "no se pueden cuestionar las políticas públicas de un gobierno" y que el pedido realizado por Guido Perugachi, presidente de la Fenocin, y los otros gremios cuestiona "que no se ha cumplido el plan de gobierno del presidente Noboa porque se ha suscrito un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)".
"Eso se llama política pública, que es exclusiva del Ejecutivo", añadió el secretario jurídico.
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El Gobierno ha realizado una serie de reformas económicas con el objetivo de disminuir el déficit fiscal, con la tutela de un programa crediticio con el FMI por 5.000 millones de dólares en cuatro años (2024-2028).
El funcionario añadió que los promotores de este segundo proceso dicen que se "obstaculiza el cumplimiento del plan de gobierno a futuro por este compromiso con el FMI, lo cual significa una conjetura, una especulación que no tiene cabida en este tipo de solicitudes".
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